Esta semana hubo una arremetida en contra de la actual fiscal, Diana Salazar, desde el correísmo (en la Asamblea); así como una denuncia por parte de Andersson Boscán, dueño de La Posta, y conocido por su relación fraternal con el narco Leandro Norero (+).
Esta misma semana, el prófugo Xavier Jordán, destacó que su abogado había puesto una demanda en contra de la fiscal Salazar ante el Congreso de EEUU, en mayo pasado.
El abogado Richard J. Díaz acusa a Salazar de un supuesto manejo inapropiado de información sensible de EEUU, en los casos de Fernando Villavicencio (+), en el de Leandro Norero y de Guillermo Lasso y su presunta relación con la mafia albanesa.
Todos se juntan en un solo coro en contra de Salazar.
Pero también se vivió una “bronca” altisonante, que es un reflejo del interés que existe por dominar la elección del próximo fiscal general que reemplazará a Diana Salazar. Ella cumple su periodo de funciones en mayo del 2025.
Las palabras “narcojuicio” y “narcocandidatos” para fiscal resuenan con fuerza en la escena política.
Salazar, entre el narcojuicio y la queja desde la Asamblea
La fiscal general Diana Salazar anunció el 19 de agosto que está dispuesta a enfrentar el “narcojuicio político” que el correísmo promueve desde hace meses.
Este había quedado en stand by debido al embarazo de alto riesgo de Salazar, pero ahora ella misma, ya con un mejor diagnóstico, ha dicho que está dispuesta a dar esta batalla.
Las tiendas del oficialismo, PSC y Construye han dicho que no apoyarán el juicio. Sin embargo, el correísmo sí ha protestado por la mención de “narco” para su iniciativa.
Sin embargo Salazar se mostró segura de sus palabras: “A las cosas hay que llamarlas por su nombre”, dijo. Además explicó que ese juicio político es un burdo intento de revancha de los grupos delictivos.
Además aseguró que seguirá con los casos “Vocales”, “Independencia judicial”, “Metástasis”, “Purga”, “Plaga”, entre otros.
Frente a la queja de la Comisión de Fiscalización sobre el calificativo que usó Salazar, en redes sociales se informó que el juicio político fue apoyado por un asambleísta del correísmo llamado Joao Acuña, mencionado en el caso Plaga.
Andersson Boscán hace un refrito del caso Pampa, en medio de aplausos del correísmo
Andersson Boscán, conocido por brindar servicios de blindaje mediático y por su “ñañeo” con Leandro Norero, narcotraficante conocido como El Patrón, y que fue asesinado en la Cárcel de Latacunga, no deja de sorprender.
El 22 de agosto hizo un relato sobre supuestas deficiencias que habrían tenido algunas entidades del Estado.
Entre ellas Fiscalía, UAFE y la Superintendencia de Compañías, al dejar que continúen activas varias empresas que pertenecen a Dritan Gjika, líder de la mafia albanesa en Ecuador.
Pero fue más allá al sugerir que Diana Salazar lo podría mandar a matar. «Y me podrás mandar a matar con tus amigotes y podrás pedirle a los flacos de Los Ríos que te hagan la vuelta», le dijo a la Fiscal.
Sobre la actuación de la Fiscalía se quejó de que en el operativo Pampa no había caído ningún líder realmente importante. Y aseguró, aunque sin pruebas, que el soplo antes del operativo lo habría dado Fiscalía.
También asegura que se movieron $ 35 millones en nuestro sistema bancario y dijo que se había utilizado el Banco de Guayaquil.
Sin embargo las denuncias parecen disolverse, cuando se puede verificar la información pública que ha venido entregando la Fiscalía, desde hace varios meses.
La entidad negó lo dicho por La Posta e informó que en diciembre del 2022 se inició la investigación. El caso se había puesto en reserva.
Una mirada de la Fiscalía sobre el caso
Así el 6 de febrero del 2024, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, en coordinación con la Policía española, investigaron la existencia de una red narcodelictiva liderada por Dritan G., de nacionalidad albanesa; Mario S., de nacionalidad argentina; y, Carlos G., de nacionalidad ecuatoriana.
La Fiscalía dijo que ellos habrían creado varias empresas y utilizado otras ya creadas, con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero y fusionar aquellos activos ilegales provenientes del narcotráfico.
Estas compañías estaban dedicadas a la exportación de productos agrícolas (como banano), compra-venta de bienes inmuebles, producción de cárnicos y de cannabis.
En el sistema financiero nacional se detectaron movimientos no justificados por un monto de 31’000.000 dólares entre los años 2015 y 2024, en los que habrían adquirido bienes muebles e inmuebles, en las provincias de Guayas, Los Ríos, Cotopaxi y Santa Elena.
Para el 30 de julio de este año se realizó la audiencia preparatoria de juicio, que incluye a Djika. Sin embargo, este líder de la mafia se encuentra prófugo.
De todas maneras, en redes sociales la denuncia del medio digital de Anderson Boscán causó regocijo entre los correístas. También ha sido condenada por ciudadanos que respaldan la labor de la fiscal.
En el ring del CPCCS está en juego el concurso para nuevo fiscal
La observación que hiciera Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) sobre el nuevo reglamento que preparaba Augusto Verduga, caldeó los ánimos en esa entidad “ciudadana”.
Guarderas aseguró que era tan laxo que podría terminar permitiendo que incluso narcos llegaran a la Fiscalía.
Verduga le respondió a Guarderas con epítetos como “mamarracho” y “pigmeo del Gobierno”. Lo cierto es que el reglamento de Verduga sí permitiría que personas con juicios y acusaciones graves no tengan problema en concursar.
El reglamento dice que los candidatos deben tener “Probidad notoria».
Sin embargo, indican que «no se podrá imputar falta de probidad notoria en el ejercicio de la profesión, judicatura o docencia universitaria, contra ningún postulante, por la simple presentación de denuncias que no posean una resolución administrativa en firme o sentencias judiciales ejecutoriadas”.
El viernes pasado, los vocales debían presentar sus insumos para mejorar dicho reglamento. Guarderas en diálogo con La Fuente-Periodismo de Investigación explicó que al menos de su lado ha pedido que haya apoyo internacional para la selección del nuevo fiscal.
Así la Unión Europea, la ONU, la Embajada de EEUU, han enviado insumos y estándares internacionales para la elaboración del reglamento.
Se ratificó en sus preocupaciones sobre el reglamento del ex precandidato presidencial del correísmo: no es neutro, quiere hacer el reglamento de manera atropellada, y la probidad puede generar que lleguen a este puesto clave de combate a las mafias, los propios narcos. “No podemos entregar la Fiscalía a los narcos”, dijo.
De acuerdo con los tiempos de Verduga., este 27 de agosto se va a realizar una mesa técnica de trabajo para aprobar el borrador del Reglamento, a fin de que la Coordinación Jurídica elabore un informe de factibilidad jurídica para conocimiento y aprobación del Pleno el viernes 30 de agosto.
El presidente Andrés Fantoni ha entregado una propuesta en la cual habla de que el reglamento se construya con apoyo internacional y también de la probidad notoria intachable.
Expectativa por una sentencia para los vocales de la “Liga Azul”
En medio de este laberinto, otro factor agrega más tensión al caso del reglamento para fiscal. y es que en estos días el Tribunal Contencioso Electoral podría emitir una sentencia en contra de al menos dos vocales de la línea correísta y sus alternos, pertenecientes a la “Liga Azul”.
Santiago Becdach, ex candidato al Consejo de Participación Ciudadana, conversó con La Fuente-Periodismo de Investigación y explicó que en las próximas horas se conocerá el dictamen del Tribunal Contencioso Electoral sobre la infracción de los vocales cercanos al correísmo.
La denuncia por infracción electoral fue interpuesta por Becdach y Pamela Troya representantes ciudadanos pusieron una denuncia en contra de Augusto Verduga y Yadira Saltos, así como a sus alternos (Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor, ex abogado de Glas).
Los acusan de haber cometido una falta electoral al estar vinculados o auspiciados por la Revolución Ciudadana, a pesar de que este tipo de cercanía política está prohibida por Código de la Democracia y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
¿Qué pruebas se presentaron en contra de los de la Liga Azul?
Santiago Becdach, uno de los denunciantes indicó que este viernes se cumplieron los 10 días plazo que existían para que el Tribunal se pronuncie, en un proceso en el cual existe ya jurisprudencia previa.
Esta tiene que ver con la destitución de Alembert Vera, por igual infracción electoral, pues también es parte de la Liga Azul.
Aclaró que Vera fue destituido luego de que Juan Esteban Guarderas lo denunciara, pero no tomó igual medida con los otros vocales que también habían incurrido en la falta electoral.
“Estamos expectantes de que llegue la sentencia”, aunque reconoció que los jueces del TCE podrían demorar un poco más, sobre todo por el volumen de las pruebas.
Para Becdach el apuro que han mostrado los vocales de la Liga Azul en la elaboración del reglamento y por tanto en la designación de la fiscal, puede estar relacionado con una posible destitución.
Pero más allá de ello, dice “esa es la agenda con la que ellos llegaron”. Explica que su objetivo siempre ha sido poner el pie a la fiscal Salazar, quien ha luchado contra la corrupción del correísmo. La misma que tiene prófugo a Rafael Correa y en la cárcel a Jorge Glas.
Para Becdach lo que tiene que pasar en el concurso para fiscal es que se vincule la comunidad internacional, “debe haber una veeduría”, explica.
Comenta que lo que el país merece y necesite es una justicia independiente, una fiscal autónoma y un Consejo Electoral que no dependa de los partidos y las organizaciones políticas.
Con eso el país puede avanzar y se puede crear una agenda que nos libere del narcotráfico y nos dejen de tener de rodillas.
