Aidita, Nicky, María Belén eran mujeres jóvenes, con sueños y grandes proyectos. Sin embargo, su prometedora vida se vio truncada a manos de malos servidores públicos. Entre ellos, personal de fuerzas armadas, policías, paramédicos, bomberos, en diferentes procesos judiciales.

Parece inverosímil, pero es cierto. Varios casos denotan una realidad preocupante: hay ciertos servidores que aunque fueron entrenados para cuidar a los ciudadanos, hacen todo lo contrario y se valen de esta calidad para mantenerse impunes.

Los tres casos antes mencionados y muchos otros, que han estado y están en el ojo público, tienen un denominador común: hay una suerte de espíritu de cuerpo que no permite un castigo ejemplar para los malos individuos.

En los últimos cinco años y medio, en Ecuador se han registrado 1.601 femicidios según los datos que se encuentran en la página web del Ministerio del Interior. Parte de ellos han tenido que ver con perpetradores pertenecientes a instituciones del Estado.

La tendencia ha sido creciente entre 2019 y 2023. Mientras en 2019 hubo apenas 26 femicidios registrados, para el 2023 la cifra alcanzaba ya los 581 casos,  un crecimiento de al menos 22 veces más. Con corte a junio del 2024, se registran 183 femicidios.

La data del Ministerio muestra que del total de 1.601 femicidios, 1.296 se cometieron en contra de mujeres entre 21 y 40 años.

Medidas cautelares benefician a presuntos agresores de Aidita

El 12 de agosto pasado, la familia de Aidita Ati, la subteniente del Ejército ecuatoriano que fue asesinada a lo interno de las instalaciones de la Brigada de Selva Napo 19, en la provincia de Orellana, recibió una noticia desoladora.

Los miembros del Ejército que habían sido involucrados en la pérdida de su hija ocurrida entre el 28 y el 29 de junio pasado, salieron de la cárcel para defenderse en libertad, debido a una decisión de la jueza Mireya Torres Masaquiza.

Los beneficiarios de la medida fueron:

• El mayor Javier Alejandro Pinoargote Vásquez
• El mayor Freddy Santiago Quintanilla Ayala
• El teniente John Jairo Mena Mendoza
• El subteniente Ángel Eduardo Jiménez Orozco.

De acuerdo al abogado de la familia Ati, Ángel Portilla, el otorgamiento de esta medida cautelar en beneficio de los presuntos responsables, se habría concretado por insistencia de un general del Ejército.

Este habría garantizado que los procesados se presentarán ante la autoridad competente, tres veces por semana y que serían vigilados por sus propios compañeros para tal fin.

Para Portilla, la resolución de la jueza del Coca, en favor de los presuntos delincuentes, es espuria y está al margen de la ley.

Explica que para cambiar las medidas debió haber primero un cambio de la situación original que generó la prisión preventiva, pero esto no ocurrió.

Defensa de los involucrados

Paúl Vergara, defensor del subteniente Jiménez, considera que a estos militares no se les puede considerar culpables.

Explica que Jiménez y sus otros tres compañeros participaron en la transportación de Aidita, cuando aún estaba viva, desde el bohío hasta la villa de mujeres en la base militar.

También comenta que luego hubo un oficial más que le vio con vida, luego de estos eventos y que a las .6 de la mañana una oficial le descubrió sin vida.

Habla de Luis F. quien recibió un mensaje de texto de la víctima para recogerla de una reunión, mientras que María V. fue la primera persona en encontrar el cuerpo de Aidita Pamela A. sin vida, pero no reportó el hallazgo.

Demanda administrativa apunta a la baja de los militares

Para Portilla, en este caso se ha hecho tabla rasa del reglamento de disciplina. Es que la normativa prohíbe por ejemplo las fiestas, reuniones para embriagarse.

En este caso, no se hizo cumplir el reglamento, y producto de ello, se comete el delito: primero una violación grupal y luego el femicidio como tal.

A la par que se lleva el caso penal, la familia Ati también presentó, el 6 de agosto pasado, una demanda administrativa que podría terminar en la baja de estas personas.

“He puesto una denuncia administrativa, ante el comandante de la Fuerza Terrestre por mala conducta profesional y darles la baja, pues debieron prevenir el hecho criminal”, dice.

Recuerda que el jefe de la brigada de Selva 19, Marco Guerrón dijo “de manera desnaturalizada que Aidita Ati se había ahogado en su propio vómito”, comenta Portilla. Ahora se sabe que fue golpeada, violada y asesinada.

Explica que los procesados de acuerdo a la investigación habrían manipulado el cuerpo de Aidita, le han sacado los zapatos, la correa…

Recuerda que el cadáver se encontró boca abajo, por lo cual sería muy difícil que hubiese sucedido un ahogamiento, comenta.

Uno de los temas más decidores, que involucra a los acusados, es una conversación que se ha extraído de los celulares del mayor Alejandro Pinoargote Vásquez con subteniente Luis Fierro en el cual el uno le pide al otro que le vea “si está viva o muerta”.

El abogado indica que los involucrados saben que hubo un procedimiento malhadado, no ayudaron a su compañera. Debieron llamar a alguien para que la auxilie, actuar bajo una doctrina de compañerismo.

Llama la atención, dice Portilla, que exista una gran cantidad (nueve) de abogados que defienden un caso que para el jurisconsulto “es indefendible”.

Caso Nicky: desgarradoras coincidencias con el caso Aidita

Cuando Mónica Jiménez conoció el caso de Aidita se sintió atravesada totalmente por la tristeza y la indignación.

Volvieron a la memoria los momentos desgarradores que ya había vivido con el caso de su hija Nicky, quien estaba estudiando para ser paramédico, pero fue asesinada en condiciones similares, en noviembre del 2018.

Recordó que en el caso Nicky, el crimen se dio en una fiesta a la que asistieron algunos militares, policías, un bombero y hasta un paramédico.

En este caso también hubo una violación tipo manada y luego se quiso decir que ella se ahogó en su vómito.

Por eso ella cree que los victimarios, los miembros policiales, militares que cometen este tipo de crímenes lo hacen con un mismo modus operandi. Lo hacen tanto dentro como fuera de las instituciones.

Asegura que lo más indignante es que estos servidores públicos son justamente los llamados a proteger y salvar las vidas de los ciudadanos.

En el caso Nicky, Mónica asegura que se ha encontrado que “los mismos operadores de justicia son los asesinos de la verdad, que dejaron en la impunidad el caso”.

Dos autores, condenados a 34 años

Es que aunque luego de una lucha valiente de Mónica logró que se condene a los autores del crimen a 34 años.

Sin embargo, Jonathan Nieto G. que ya ha sido condenado en primera y segunda instancia, ahora busca ir a casación. Mientras tanto no cumple su sentencia de 34 años en la cárcel,  sino que está en libertad. “No nos han concedido la prisión preventiva”, dice Jiménez.

Considera que en casación esta persona difícilmente comparecerá, y más bien teme que huya.  El otro condenado, William Chiliquinga estaba entre los más buscados con orden de Interpol pues huyó. En marzo de este año se lo capturó.

Con esta impunidad, se está avalando el mal trabajo de estos funcionarios que aunque juraron cuidar las vidas y protegerlas, han cometido execrables crímenes contra personas indefensas.

Recuerda que fueron 7 los procesados y de ellos cinco fueron sobreseídos. Dos fueron condenados. “Por eso el caso de Nicky nunca tendrá justicia”, asegura.

Como madre, Mónica va a seguir en la lucha y asegura que ahora está llevando adelante juicios por fraude procesal, en contra de otros de los involucrados que fueron sobreseídos.

Están iniciados en contra del Policía en servicio activo (Tony) y su Mamá (Mamichio).

Luego seguirá con demandas hacia los otros dos bomberos: Veintimilla (Conejo) y Padilla (Paris), comenta.

Sin embargo, este tipo de temas, ya no son auspiciados por el Estado y tiene que seguir sola, o con la ayuda de abogados pro bono.

Estoy sola, sigo haciendo diligencias, peleándome contra el Estado y sigo en la búsqueda de vedad y justicia, para que no se quede totalmente impune”, dice Mónica.

Un espíritu de cuerpo protervo debe eliminarse

Para el abogado Ángel Portilla, “si no se pone coto a este tipo de situaciones es probable que continúen sucediendo este tipo de situación a lo interno de las instituciones de la fuerza pública”.

“Existe un protervo espíritu de cuerpo que debe ser eliminado, desterrado”, dice Portilla.

Aclaró que dentro de las filas de las Fuerzas Armadas sí hay personas honorables, pero también hay personas que están violando el Estado de Derecho y el Debido Proceso, “hacen lo que les da la gana”, asegura.

El abogado Portilla ve más allá del caso particular de Aidita y explica que hay otros casos como el de la abogada María Belén Bernal, en la que se repiten estos patrones de encubrimiento.

María Belén Bernal, abogada de 34 años, fue asesinada en septiembre del 2022 dentro de la Escuela Superior de Policía Enríquez Gallo, en la vía a la Mitad del Mundo.

Al momento fue condenado el autor del delito, su esposo Germán Cáceres, a 34 años ocho meses de prisión.

Sin embargo el proceso para atraparlo fue complejo, sobre todo, porque se sintió el famoso espíritu de cuerpo, en el que otros compañeros le habrían ayudado a ocultar y trasladar el cuerpo hasta una elevación cercana.

Mónica Jiménez también considera que se deben  tomar medidas en contra de este tipo de comportamientos. En muchas ocasiones las víctimas callan para no tener retaliaciones o ser despedidas, dice.

Un bombero, condenado a 19 años por violación en el Caso Victoria

Por ejemplo, en noviembre del 2022, Diego Viterbo A. N., ex teniente del Cuerpo de Bomberos de Quito recibió una condena de diecinueve años por el delito de violación. La víctima fue una aspirante a bombero. El caso se conoció como «Victoria».

En la audiencia de juicio, el fiscal de la Unidad de Violencia de Género, se conoció que los hechos se registraron en abril de 2021, en la Academia de Bomberos de Quito.

La víctima recibió insinuaciones sexuales por parte de Diego Viterbo A. N.,las que incluían amenazas de que se iba a “arrepentir” y que no tendría días libres.

Al final Viterbo violó a la aspirante que no dudó en informar a sus superiores. Sin embargo, estos iniciaron una investigación interna, sin intenciones de denunciarlo penalmente.

Luego de ocho meses de insistencia, se remitió la documentación a Fiscalía para el inicio del proceso penal contra Diego Viterbo A. N.. Fue separado de su cargo.

¿Qué dice la ley?

• El decreto 822 del 19 de julio pasado, firmado por Guillermo Lasso, indica:
• Art. 124, “Es obligación del superior militar prevenir la consumación de faltas disciplinarias mediante disposiciones verbales y/o escritos respecto del comportamiento y supervisión que debe mantener el personal militar subordinado”.
• El artículo 125 del mismo documento dice: “el personal militar que conozca de los delitos indicados en el artículo mencionado, deberá presentar la denuncia correspondiente…con la finalidad de que se puedan activar los protocolos y procedimientos administrativos pertinentes.
• «La responsabilidad disciplinaria de una falta recae sobre todos lo que han participado en el acto como autores o cómplices por acción y omisión». Así lo indica el artículo 126 del documento antes mencionado.