Este cambio supone un paso significativo en la estrategia gubernamental para reestructurar el manejo de los recursos públicos, particularmente en un contexto donde la eficiencia del gasto y la equidad en la distribución de subsidios son prioritarias. ¿Cómo recibirán la decisión los sectores que tradicionalmente se oponen a este tipo de medidas?.
“El subsidio a la gasolina equivale al doble de lo asignado contra la desnutrición”
En los cálculos del Ministerio de Economía, con uno de los precios de gasolina más bajos de la región (USD 2,47 por galón, frente a un promedio regional de USD 4,69), el país ha gastado USD 13.473 millones entre 2010 y 2023 en subsidios a las gasolinas. Estos recursos podrían haberse destinado a inversiones críticas en sectores como la agricultura, salud, educación e infraestructura.
En 2023, los subsidios a las gasolinas representaron un gasto colosal, comparable al gasto en salud pública (USD 3.146 millones), el 67% del gasto en educación (USD 4.782 millones) y casi tres veces el gasto en programas de protección social (USD 1.295 millones). Estas cifras evidencian el enorme costo de oportunidad que el país ha enfrentado al mantener estos subsidios.
Ana Cristina Avilés, viceministra de Economía, ha destacado la urgencia de revisar el actual subsidio, argumentando que no puede sostenerse en su forma actual. Según Avilés, el subsidio actual equivale al doble de lo asignado para la lucha contra la desnutrición infantil, subrayando así su ineficiencia.
En respuesta a esta situación, el gobierno ha propuesto un mecanismo de estabilización de precios. Este nuevo sistema operará con un incremento controlado de USD 0.26 centavos en un primer salto, y establecerá una banda que limitará el aumento del precio en un 5% mensual, así como permitirá reducciones de hasta un 10% mensual.
Con esta medida, se espera liberar fondos para áreas prioritarias como la salud infantil, enfatizando así el compromiso del gobierno con políticas económicas sostenibles y equitativas.
¿Quiénes se benefician del subsidio?
Un análisis revela una distribución sumamente inequitativa del subsidio. El 53% de los beneficios se destina al 20% más adinerado de la población. Además, el 86% de los subsidios a la gasolina y el 74% del subsidio al diésel favorecen a los sectores de mayores ingresos, exacerbando la desigualdad en el país.
El subsidio a las gasolinas ha demostrado ser uno de los mecanismos de redistribución más ineficientes en Ecuador. Por cada USD 1 que se transfiere a las familias más pobres, el Estado gasta USD 19 en las más ricas.
En 2023, el Estado destinó USD 644 millones a subsidiar las gasolinas extra y ecopaís, recursos que podrían haberse invertido de manera más eficiente en áreas críticas para el desarrollo del país.
Propuestas para la focalización del subsidio
El gobierno ecuatoriano ha planteado una serie de propuestas con el objetivo de focalizar los subsidios a las gasolinas de manera más equitativa y eficiente. Una de las principales medidas es redirigir los ahorros obtenidos de la estabilización de precios hacia programas sociales que beneficien a las familias más vulnerables del país.
Esto incluye inversiones en salud, educación y programas de erradicación de la pobreza, así como la creación de empleo. Se busca estabilizar los precios de las gasolinas sin liberalizarlos completamente, estableciendo bandas para proteger a los consumidores de fluctuaciones internacionales.
La implementación de transferencias monetarias mensuales para transportistas formales, como taxistas y conductores de transporte liviano y tricimotos busca no afectar las tarifas de transporte para quienes utilizan el transporte público.
Este esquema calcula la diferencia entre el precio internacional de la gasolina y el precio local de USD 2,465 por galón, proporcionando una compensación para mitigar el impacto del ajuste de precios.
Luque explicó que tiene en su poder el acuerdo con los sectores del transporte para determinar la cantidad de galones necesarios y crear una base de datos del combustible utilizado. La compensación económica se calculará según el número de galones: 156 para taxis, 90 para tricimotos y 145 para el transporte mixto. Esta medida entrará en vigor a finales de junio y beneficiará a aproximadamente 84.000 personas.
