La cantidad representa más del doble de la actual deuda externa del Ecuador que llega a $60.806 millones e incluso es mayor que el PIB del Ecuador ($119.573 millones). Entre 2010 y el primer semestre del 2021 se vendieron $95.706,5 millones, equivalentes a 1.479 millones de barriles de crudo y derivados. Además se compraron $47.862 millones de combustibles, traducidos en 558,6 millones de barriles.
La data aparece en el Informe de Diagnóstico de la Comercialización Internacional de Hidrocarburos en los últimos años, que el ex presidente de la República, Guillermo Lasso, ordenó, entre otros temas, elaborar mediante el decreto 95 del 7 de julio del 2021.
En ese momento, la orden revestida de una supuesta transparencia, era que se entregue la información sobre lo sucedido entre el 2010 y 2020 y el primer semestre del 2021 con el comercio petrolero del Ecuador.
El informe, que estuvo listo en octubre de ese mismo año, pese a tener una potente información sobre el desangre que significó esa década para el comercio internacional de petróleo, tanto por los precios descontados, como por ser el origen de una perversa industria del soborno y el lavado de activos, nunca vio la luz.
Ahora se conoce, por fuentes cercanas al proceso, que la publicación de este informe fue coartada por Hernán Luque Lecaro, prófugo de la justicia también en una trama de sobornos, cuando era el presidente de EMCO, la empresa Coordinadora de Empresas Públicas en proceso de extinción.
La publicación del informe petrolero no pareció conveniente a las autoridades en ese momento en primer lugar porque el decreto 95, que fue el originador del informe, fue derogado tras presiones de los dirigentes indígenas en las mesas de diálogo de junio del 2022.
Los líderes indígenas se oponían a este decreto que tenía como objetivos fomentar una mayor participación del sector privado, ir a una migración de contratos petroleros, duplicar la producción, reformas legales y un fondo de estabilización petrolera cuyos recursos irían a combatir la desnutrición infantil.
La Fuente-Periodismo de Investigación también conoció de presiones que habrían venido de Luque Lecaro a quien no le gustó que en ese informe se dejara en evidencia la inconveniencia de ciertos contratos con Flopec, que terminaron afectando a Petroecuador.
La ruta del petróleo delata la intermediación
El informe mencionado, suscrito por las autoridades de ese entonces: el gerente general Pablo Luna, y el entonces gerente de Comercio Internacional, Pablo Noboa, al cual La Fuente – Periodismo de Investigación tuvo acceso, menciona que durante esta década (2010-junio 2021), los principales compradores del crudo ecuatoriano entre 2010 y 2020 fueron tres empresas asiáticas.
Solo entre Petrochina (56,3%), Unipec (16%), PTT (13%) recibieron 85,3% del total de crudo. Le siguen con porcentajes de alrededor de 2% y menos del 2%: Ancap, Pdvsa, Philips 66 , Petro Perú, Tesoro Refining, Repsol, entre otros.
Aunque en esta década las empresas asiáticas fueron las principales compradoras, los destinos de llegada del crudo no coincidían, pues el crudo llegó bien a Estados Unidos con una participación del 44%; Panamá con el 22%; Perú el 14% y Chile 11%.
Para el primer semestre del 2021 los principales destinos correspondieron a Panamá 46%, Estados Unidos (Costa Oeste) 24%, Lejano Oriente 14%, Chile 8%, Perú 2% y el 6% otros menores.
El total de petróleo crudo exportado, se lo transportó en buques tanques Aframax (49,38%) de Panamax (39,95%); y en menor porcentaje, 10,67% se encuentran los buques tanque Suezmax, VLCC y Handymax. Estos últimos que son los de mayor calado, representan un mayor ahorro en fletes por economía de escala.
Es decir que negociaron para enviar la mayor cantidad posible de barriles en los buques más pequeños y por ende los que encarecen más el costo del flete ya que ese costo lo asumiría el Ecuador, pero aún peor es que llevaban los barriles en barcos grandes para abaratar el costo beneficiando a los traders. Castigando el precio de cada barril de petróleo en aproximadamente $4.
Fernando Villavicencio (+), fundador y periodista de La Fuente Periodismo de Investigación dio cacería por más de 10 años a los contratos y denunció a sus beneficiarios. Así, pocos meses antes de su vil asesinato (9 de agosto de 2023), había descrito que la mayor trama de corrupción en Ecuador fue liderada por Nilsen Arias junto a Jorge Glas y Rafael Correa en las negociaciones con petroleras y de deuda con China.
Villavicencio aseguraba que estas operaciones hicieron que Ecuador se endeudara en $19.000 millones comprometiendo alrededor de 1.300 millones de barriles de crudo.
Como presidente de la Comisión de Fiscalización, Villavicencio recalcó durante una entrevista con Ecuavisa que como estimación general, el hecho de vender esa cantidad de barriles con un descuento de $4 del precio de mercado implicó una pérdida de ingresos para el país de aproximadamente por $4.200.
Una porción de esta suma terminó en manos de los hermanos Enrique y Antonio Peré para sobornos de algunos funcionarios públicos del estado y de Petroecuador, entre ellos el principal Nilsen Arias.
Los sobornos fueron entregados por personajes que el Ecuador no debe olvidar: Raymond Kohut (Gunvor), Javier Aguilar (Vitol), Enrique Cadena Marín (varias intermediarias)…
El haber mantenido bajo llave el informe antes mencionado, por decisión estatal en el Gobierno de Lasso también es un acto condenable en la justicia Ecuatoriana, que contrasta con el torrente de información que ha llegado en estos días desde EEUU, sobre justamente el tema de los sobornos y lavado de activos que generó este negocio en esa década.
Sin embargo ambas fuentes de información resultan esclarecedoras y complementarias: las dos caras de la intermediación que dio origen a la industria del soborno y el lavado de activos.
Diez años después de sus denuncias, la justicia de EEUU le dio la razón a Fernando, pero ahora también lo hace este informe oculto y publicado por La Fuente – Periodismo de Investigación.
Nilsen Arias, delator de camaradas se explayó en Nueva York
Es que entre el 5 y el 11 de enero de 2024, Nilsen Arias Sandoval, operador de la intermediación petrolera ecuatoriana y quien ocupó la gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador, se explayó sin rubor alguno, ante la Corte de Nueva York.
Ahí contó cómo se generó una estructura de sobornos, dentro de las operaciones de venta de crudo y derivados ecuatorianos y de la importación de derivados a empresas estatales asiáticas.
El escenario fue el juicio a Javier Aguilar, un empresario mexicano, representante de la intermediaria Vitol, una de las empresas que había pagado sobornos a Arias para conseguir un contrato en Petroecuador. La información del juicio se pudo conocer gracias al acceso exclusivo que tuvo el portal Primicias.
Así, el testimonio de Arias ante la Justicia estadounidense, quien pasó de ser el hombre fuerte del correísmo a delator de sus camaradas, confirmó también el montaje que hubo durante más diez años para lograr que empresas estatales como Petrochina, Unipec, PTT, y Oman Trading, sirvieran como empresas fachada, para que funcionara la apropiación del crudo y derivados por parte de los traders (intermediarios como Gunvor, Vitol, Trafigura, Sargent Marine empresa de asfalto, entre otros). En la trama también aparecen Petredec y Noble Americas.
En esa perversa estructura, todos: las estatales asiáticas y de América Latina que actuaron como empresas pantallas o presta nombres, las intermediarias privadas y los funcionarios del gobierno de Rafael Correa se beneficiaron por diversas vías.
- Las presta nombres aseguraron una provisión de crudo a precios descontados que lo revendieron en América.
- Las intermediarias, recibían los intereses de préstamos y también recibían parte del crudo para la reventa, también en mercados naturales del Ecuador.
- Los funcionarios de Petroecuador y del Gobierno recibieron las coimas o sobornos.
- Los grandes perdedores, en cambio, fueron la empresa estatal que dejó de recibir importantes recursos económicos y los ciudadanos de a pie que atestiguaron el mayor asalto al patrimonio nacional.
Durante siete años, Nilsen Giordano Arias Sandoval, apodado Mr. J (Juice) y también conocido como El Gordo, manejó los millonarios contratos. Sin embargo, según la investigación de EEUU, la estructura de sobornos siguió funcionando al menos hasta el 2021.
Los puntos clave de la delación de Arias
- El ex hombre fuerte del correísmo contó que trabajó desde 2015 en coordinación con Xavier Rodríguez Rodríguez, quien fuera viceministro de Hidrocarburos en la administración de Carlos Pareja Yannuzzelli y quien además se mantuvo como asesor en las siguientes administraciones.
- Declaró que mantuvo reuniones al menos una vez al mes con el entonces vicepresidente Jorge Glas (ahora escondido en la Embajada de México).
- Con Rodríguez idearon cómo atender el pedido de Vitol que requería tener contratos con Petroecuador. La vía era buscar una empresa fachada estatal. La primera en la que pensaron fue Pemex, pero al final no se llegó a concretar. Entonces apareció la posibilidad de realizar un contrato con Oman Trading, que también sirvió solamente de fachada. El contrato fue por 17,1 millones de barriles del fuel oil por $300 millones. La coima o comisión para Arias había sido de $1 millón.
- Arias recibió $13,5 millones en coimas de la mano de Antonio y Enrique Peré Ycaza, por contratos con Gunvor, Vitol, Trafigura, Sargent Marine, Petredec y Noble Americas. Los hermanos guayaquileños tenían una consultora que actuó como lavadora de dichos sobornos. Contó cómo amarró contratos y cómo su poder lo llevó a manejar en siete años contratos por al menos $ 120.000 millones.
- En el mismo juicio de Javier Aguilar, declaró también Antonio Peré, quien confirmó, según la agencia Bloomberg, haber recibido entre $97 millones de sobornos de Gunvor. De estos, $13,5 millones fueron entregados a Nilsen Arias.
- Los sobornos también llegaron en bienes: un reloj de $70.000, arreglos para un baño de lujo y bolsas con dinero, fueron parte de dichos sobornos. Peré también admitió haber querido sobornar al secretario de la Presidencia, pero aparentemente esto solo fue una intención.
- Los hermanos Peré, buscaron continuar con el modus operandi similar al esquema utilizado con Arias, durante el gobierno de Moreno a través de sobornos entregados a Mauricio Samaniego.
Según el expediente del juicio en EEUU, Nilsen Arias fue acusado en EEUU de haber acordado sobornos de empresas comercializadoras de energía y de asfalto, a cambio de utilizar su posición e influencia oficiales y obtener ventajas indebidas para ayudar a dichas empresas a obtener los contratos con Petroecuador y empresas relacionadas. Él, a más de colaborar con la justicia, se ha comprometido a devolver los $13,5 millones de coimas recibidas.
Para promover el plan de soborno y ocultar sus ganancias, el Gordo y sus cómplices, incluidos los intermediarios descritos anteriormente, provocó transferencias electrónicas de los pagos de sobornos a países nacionales y extraterritoriales de los Estados Unidos.
Las transferencias bancarias se procesaron a través de bancos corresponsales de los Estados Unidos.
Luego de que el demandado Nilsen Arias abandonara Petroecuador en 2017, en cumplimiento del esquema de soborno, continuó recibiendo flujos correspondientes al contrato con Gunvor y otros contratos, hasta al menos 2019.
En el juicio a Raymond Kohut, en EEUU, hay menciones a un consultor 2 (ciudadano de Ecuador y España), identificado como Enrique Cadena Marín, conocido como el zar de la intermediación petrolera, quien habría participado tanto en los esquemas de sobornos de Vitol-Oman Trading, Core Petroleum y Gunvor.
De acuerdo a los reportajes de La Fuente-Periodismo de Investigación de junio del 2021, el crudo ecuatoriano entregado a Petrochina, Unipec y Petrotailandia terminó en manos de Gunvor, a través de las intermediarias Taurus Petroleum, Core Petroleum, Ursa Shipping, Gunvor S.A. y Castor Petroleum, compañías relacionadas con el empresario Enrique Cadena Marín.
Diario El Universo reveló en 2016 que los empresarios Enrique Cadena Marín y Jaime Baquerizo Escobar llegaron a un acuerdo con la compañía Castor Petroleum Ltd. para cobrar $ 1 de comisión por cada barril de crudo que Petroecuador le entregaba a Petrochina por un contrato de preventa petrolera firmado en 2009.
La empresa estatal Petroecuador fue un instrumento para los sobornos
De acuerdo al eje investigativo de las autoridades de EEUU, en esta estructura, la empresa estatal Petroecuador: fue utilizada como un instrumento del gobierno de Ecuador, en ese momento liderado por Rafael Correa, y de funcionarios y empleados de empresas de la propia estatal y empresas privadas como las ya nombradas Gunvor, Vitol, Sargent San Marine, Petredec, Noble Americas y Trafigura.
Este accionar viola la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés). Esta ley es la que castiga prácticas ilegales o corruptas en cumplimiento de una oferta, promesa, autorización o pago de dinero o cualquier cosa de valor, directa o indirectamente, a un funcionario extranjero para el propósito de obtener o retener negocios.
Lo paradójico es que el esquema de ventas se dio bajo el paraguas de la Revolución Ciudadana que prometía, supuestamente, sacar del camino a los intermediarios y realizar las operaciones de gobierno a gobierno.
Así EEUU llegó a la conclusión que la laxitud que hubo para celebrar esos contratos entre empresas estatales, logrados a través de fórmulas perjudiciales al Estado ecuatoriano, permitió la estructura corrupta.
El informe de julio del 2021 es concluyente: 98% del volumen total de Petróleo Crudo y Fuel Oil No. 6 entregado a las asiáticas como América del Norte, América Central y países de la región como Perú y Chile; actividades que perfectamente pudo haber realizado la EP Petroecuador en su propia competencia. Esto fue posible por la cláusula de libre destino.
El informe también explica que los contratos vigentes con las empresas asiáticas contemplan realizar cargamentos nominales de 360.000 barriles, volumen que puede ser cargado en buques Panamax (360.000 bls), sin embargo, del histórico se evidencia que las cargas en su mayoría han sido realizadas en buques Aframax (720.000 bls) y en menor porcentaje en Suezmax (1.080.000 bls) y VLCC (2.160.000 bls); es decir, durante la ejecución de los contratos con las empresas asiáticas se han efectuado Cargas Continuas, sin que esto haya representado ningún beneficio económico para el país.
El tema del transporte de crudo, justamente ha sido, la última mitad del 2023, un tema sensible. Fue incluso parte central del juicio político contra el ex presidente Guillermo Lasso que lo llevó a declarar la muerte cruzada.
Aunque en su momento los asambleístas no pudieron demostrar los efectos de las supuestas pérdidas de Flopec por los contratos con empresas como Amazonas Tanker; sí quedó en evidencia que había intereses ocultos, al menos por parte de la asambleísta Mireya Pazmiño sobre dicho contrato.
Ella tuvo un accionar errático y contradictorio al querer descalificar este contrato, después de haber previamente recomendado que no se dé por terminado el mismo.
Ahora, a través del juicio en EEUU se ha llegado a conocer que los Peré entregaron cuentas a la justicia en las cual se debían entregar unos $30.000 A Vicente y combo.
Este personaje era Nicolás Naranjo Borja, uno de sus socios y hermano de Mario Naranjo, exasesor de Mireya Pazmiño. En un reportaje de El Universo, también se había mencionado a Pazmiño en chats de los Peré en los que se menciona no te olvides de pagarle a Mireya lo de este mes. Los hermanos Naranjo y Pazmiño han negado ser parte de estos negociados.
El verdadero problema de las tarifas de Flopec es que mientras más altas y más convenientes eran para esa empresa; más afectaban a Petroecuador.
Efectivamente, los precios descontados a los que se ha vendido el crudo ecuatoriano en medio de esta estructura, han tenido como factor principal en contra el flete de los barcos.
Tras conocer el desangre de la década petrolera, también queda pendiente la rendición de cuentas del Gobierno de Guillermo Lasso por hacerse de la vista gorda en lugar de recomponer la institucionalidad de la empresa Petroecuador y queda la interrogante de qué hará el Gobierno de Daniel Noboa para evitar las mismas o nuevas tramas. Un desafío importante al momento es revisar justamente los contratos de transporte en Flopec.
