Argentina se ha convertido en un lodazal para la constructora brasileña Odebrecht. Apenas mantiene una oficina administrativa en Buenos Aires, no puede operar en el país y litiga contra el país por “discriminación” desde 2018 para poder volver a licitar obras. Odebrecht no termina de despedirse de Argentina y a seis años de haber admitido el pago de sobornos por US$35 millones en el país, también sostiene una demanda para cobrar una supuesta deuda de la financiera estatal Nación Fideicomisos SA mientras ningún miembro de la compañía que protagonizó el mayor caso de corrupción en América Latina ha sido sometido a indagatorias ni juicios penales en los tribunales argentinos, según los documentos y fuentes consultadas por elDiarioAR para el especial #ElCostodelaCorrupción, junto al equipo de Investiga Lava Jato*. 

A su vez, de las tres causas judiciales que se abrieron tras las revelaciones de 2016 sobre coimas, en sólo uno de los expedientes penales se ha avanzado contra los empresarios que actuaron como socios locales de Odebrecht y en el caso del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la causa continúa en una especie de limbo judicial, sin definiciones sobre los 50 empresarios, ejecutivos, ex funcionarios y ex asesores indagados hace cuatro años. 

Argentina es el quinto país más sobornado por la empresa, según los exejecutivos que declararon ante las cortes de Brasil y Estados Unidos en 2016, hace seis años. Las coimas se pagaron por tres obras y durante el periodo 2007-2014, según surge del documento que hizo público el Departamento de Justicia estadounidense en diciembre de ese año.

Soterramiento del Sarmiento 

El fiscal federal Franco Picardi se opuso recientemente a un peritaje ordenado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El estudio fue pedido por la defensa del empresario Angelo Calcaterra -primo del expresidente Mauricio Macri- y otros ejecutivos de la empresa Iecsa, de acuerdo con un dictamen al que accedió elDiarioAR. 

La realización de la pericia contable dilatará aún más las definiciones sobre los acusados, ya que el juzgado deberá aguardar los resultados del informe para evaluar las conclusiones.

Además de oponerse al peritaje, el fiscal solicitó al juez que defina la situación de los 50 acusados de presunta administración fraudulenta y pago de sobornos en la obra, anunciada en 2005 por Néstor Kirchner, adjudicado durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2008) y resucitada por Macri en 2016.

“El peritaje solicitado por la defensa nada aportará en función del direccionamiento de la licitación o de las distintas irregularidades ya probadas, dado que, como se mencionó precedentemente, no se cuestiona en el caso la oferta económica, si era adecuada, o si era correcto el precio por kilómetro, el porcentaje de los pagos en función de la totalidad de la obra o los pagos en función del avance de la obra”, planteó el fiscal al juez en un escrito fechado el 6 de septiembre último. 

“Así, los sobornos habrían propendido al direccionamiento de la adjudicación de la obra pública de soterramiento y, en lo sucesivo, a acelerar, destrabar y asegurar desembolsos y disposiciones funcionales concretas de distintos tramos de continuidad, en función del desarrollo de la obra, para beneficiar a los empresarios adjudicatarios”, afirmó Picardi, quien resaltó que “la cuantiosa evidencia reunida a lo largo de la instrucción es contundente y suficiente para poder resolver la situación procesal de las personas indagadas”.

El juez, sin embargo, ordenó en septiembre la realización del peritaje y aguardará los resultados para tomar una decisión, sostuvo una fuente judicial. El magistrado busca que un equipo de ingenieros y contadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) analicen el estado de la obra y los puntos solicitados por la defensa, entre ellos si la documentación presentada por el consorcio empresario durante el proceso de licitación cumplió con las normas; los pagos realizados al consorcio de acuerdo al avance de obra; la oferta económica del consorcio por kilómetro de obra; entre otros.

El fiscal afirmó en su escrito que ese análisis ya había sido realizado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

El soterramiento estaba a cargo del Consorcio Nuevo Sarmiento (CNS), integrado por Odebrecht, Iecsa, la italiana Ghella y la española Comsa, pero a casi dos décadas del anuncio, nunca se terminó. 

En abril de 2019, el juez procesó a 26 de los acusados por dádivas, sobreseyó a otros tres y dictó 21 faltas de mérito. Los procesados fueron dos ejecutivos y exfuncionarios públicos, entre ellos, el exministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime; y el ex funcionario de Planificación, Roberto Baratta. Las faltas de mérito fueron a favor de los empresarios y el resto de los ejecutivos, entre ellos a Angelo Calcaterra y a uno de sus socios, Lorenzo Ghella.

Las faltas de mérito implican que para el juez aún no hay certezas para procesar o sobreseer a los indagados por el supuesto delito de cohecho.

A pesar de las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht en Brasil, el juez determinó que no existían pruebas del pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y sus socias locales. Por eso, los procesamientos a dos ejecutivos y a los exfuncionarios fueron por un delito menor: dádivas.

Tras la apelación del fiscal, en agosto de 2019, la Cámara Federal de Apelaciones anuló lo que había resuelto el juez del caso, pero no ordenó procesamientos ni sobreseimientos. Devolvió el expediente al juzgado para que reevaluara la situación de todos los involucrados y los indagara por administración fraudulenta. Desde entonces, los 50 acusados permanecen en un limbo judicial. Ni procesados, ni sobreseídos, ni con falta de mérito. 

“El peritaje busca establecer el perjuicio del presunto delito de administración fraudulenta para que este caso prospere en el juicio oral”, dijo una fuente judicial ante la consulta de elDiarioAR.

Además, el juez espera una respuesta a un exhorto enviado en septiembre último a los Estados Unidos en busca de colaboración.

Los brasileños

Las socias locales de Odebrecht en la obra del soterramiento siempre han negado haber participado del pago de sobornos a los funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner. De hecho, en sus explicaciones al juez han sostenido que nunca supieron del pago de coimas y que si existieron, no participaron.

Mientras tanto, el juez Martínez de Giorgi intenta desde 2018 indagar a ocho autoridades de Odebrecht, entre ellos Marcelo Odebrecht y siete ejecutivos brasileños que operaron en Argentina y para América Latina entre los años investigados. 

Picardi logró un acuerdo de colaboración con los fiscales brasileños para ratificar las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht que ordenaron los pagos ilegales en Argentina por esta obra, pero las defensas de los ex ejecutivos, confesores del pago de sobornos en Brasil y otros once países, vienen realizando planteos de nulidad contra la orden del juez argentino. Consideran que los acusados brasileños no pueden ser indagados por pruebas que ellos mismos aportaron como arrepentidos en su país.

El fiscal Picardi considera que están dadas las condiciones para procesar por sobornos a los implicados. Incorporó pruebas de supuestos pagos ilegales por US$5 millones a través una cuenta de una firma española en la Banca Privada de Andorra (BPA), una entidad utilizada por varias constructoras, como Odebrecht y Camargo Correa, para gestionar y blanquear sus pagos de sobornos, según la investigación de la Justicia de Andorra. Los movimientos bancarios fueron aportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en 2018.

Los fondos salieron de la cuenta corriente de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) formada por Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa en el Banco Río, pero controlada por Iecsa, según la presentación de AFIP. El apoderado de la cuenta era Santiago Ramón Altieri, ejecutivo de Iecsa y uno de los indagados.

Entre septiembre de 2011 y diciembre de 2012, Iecsa autorizó pagos por US$ 4.495.000 en cuotas justificados con un contrato firmado por el consorcio del soterramiento con la firma Detección De Riesgos Técnicos Control De Calidad Y Supervisión De Obras De Edificacion S.A., con domicilio en Saturnino Calleja 16, Planta Baja, Madrid. Esta misma compañía figura en investigaciones de otros países como una de las pantallas utilizadas por Odebrecht para simular contratos de servicios para transferir fondos que en realidad serían sobornos, como informó Perfil en 2018.

La pelea por los gasoductos

Un segundo expediente contra Odebrecht en Argentina es por el direccionamiento de los contratos de ampliación de los gasoductos realizados durante la presidencia de Néstor Kirchner, pero sólo se enjuiciará a exfuncionarios por el delito de negociaciones incompatibles. Todos han negado los cargos. El juicio no tiene fecha de inicio, por el momento.

La investigación de la fiscalía de Federico Delgado probó que exfuncionarios del área de Energía redactaron contratos a medida de Odebrecht para que sólo esta compañía pudiera ganar las licitaciones. Sin embargo, ningún ejecutivo de Odebrecht ha declarado en la causa ni será enjuiciado.

Por este caso, la constructora brasileña y los exfuncionarios son objeto de una demanda iniciada por el Estado argentino en 2018 que busca resarcimiento por los daños causados por la corrupción -no se fijó monto-, pero el proceso quedó por el momento sin efecto a la espera de una condena firme en la vía penal, según los documentos consultados por elDiarioAR.

A su vez, en 2018, la empresa inició un litigio contra Argentina por el supuesto cobro adeudado de más de US$45 millones en la construcción de los gasoductos, pero la demanda fue frenada por el juez federal Daniel Rafecas, medida que ratificaron instancias superiores, incluidos la fiscalía y el tribunal de juicio. 

“Discriminación”

En julio de 2017, el gobierno de Macri vetó a Odebrecht como proveedora de obra pública en Argentina, al suspender a la compañía del Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obra Pública. En junio de 2018, tras fracasar en la vía administrativa, Odebrecht demandó al Ministerio de Interior -entonces a cargo del registro- por discriminación y sostuvo que sus socias locales -quienes niegan el pago de coimas- no habían sido castigadas de la misma manera, según consta en el expediente, al que accedió elDiarioAR. 

Luego del caso de los cuadernos de la corrupción, que comenzó en agosto de 2018, los abogados de la constructora brasileña en Argentina incluso presentaron artículos periodísticos que informaban que empresarios y ejecutivos de otras constructoras proveedoras de obra pública habían admitido el pago de sobornos a los Kirchner en la causa de los cuadernos y aún así tampoco habían sido sancionadas con su exclusión del registro.

Los abogados del Estado respondieron en un escrito: “La  finalidad  de  la  decisión -de suspender a Odebrecht del registro-  no es otra que  salvaguardar un verdadero  interés público, que es el de mantener indemne al Estado Nacional de la posibilidad  de licitar con contratistas que no posean la idoneidad moral que se requiere”.

“A la empresa no se le ha impuesto una sanción, sino que los elementos que ella  misma  aportó -para ser rehabilitada- fueron insuficientes a los efectos de proseguir el trámite pretendido”, dijeron los abogados del Estado en la contestación de la demanda ante el tribunal. 

“Mientras que la empresa dice que la comparativa de los balances presentados, en conjunto con el acuerdo de lenidad (firmado con Brasil para la colaboración de los arrepentidos) son suficientes para demostrar que la misma posee idoneidad moral, la administración concluye en contrario sentido”, agregó el letrado.

Odebrecht había sostenido que desde 2016, el Ministerio de Justicia de Estados  Unidos y el Estado Suizo, así como el brasileño, hacen una auditoría permanente sobre las acciones de Odebrecht. “Pues bien, el Estado Argentino también lo hace -le respondieron los abogados estatales-, en este caso por medio de los actos administrativos que se pretendieron impugnar. Si los Estados mencionados por la actora toleran que mediante el pago de una multa se disponga la finalización de las  investigaciones relacionadas a hechos de corrupción en el seno de la empresa, no puede pretenderse que el Estado argentino actúe en consecuencia de igual manera. Ello por respeto al principio de soberanía imperante”, agregaron.

La planta de Aysa

Un tercer caso penal es el de la planta potabilizadora de agua Paraná de Las Palmas, contratada por la empresa estatal Aysa durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En este caso, el juez Sebastián Casanello del caso procesó a los exsocios locales de Odebrecht y a exfuncionarios por delitos de corrupción y serán enjuiciados, aún sin fecha de juicio. 

Los empresarios y ejecutivos argentinos procesados en la causa estaban a cargo de las empresas Roggio, Supercemento y Cartellone.

El expediente incluye también los procesamientos contra Carlos Wagner, de Esuco, el socio local de Camargo Correa, otra brasileña investigada por otra planta de Aysa.

Mientras los argentinos, que niegan los cargos, van a juicio, el juez también negocia desde 2018 con las autoridades de Brasil para indagar a los ex ejecutivos de Odebrecht que admitieron coimas por esta obra y al entonces presidente de Camargo Correa, Antonio Miguel Marques.  

Odebrecht ha modificado su marca en los países donde busca seguir operando bajo el nombre de Novonor y OEC. La compañía destaca que estas nuevas administraciones “recibieron importantes certificados de calidad de gobierno y gestión de cumplimiento, como el Sello Internacional ISO 37001” y que el grupo empresarial “se ha sometido recientemente a una auditoría externa que amplía el alcance de la certificación a todas las operaciones de la constructora en los diferentes países donde opera, como Brasil, Estados Unidos, Perú, Panamá y Angola”. 

*El equipo de Investiga Lava Jato es dirigido por Convoca.pe e integrado por Milagros Salazar, Gonzalo Torrico y María Alejandra Gonzales (Convoca.pe, Perú);

Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz (El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, Alianza Rebelde Investiga, Venezuela); Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México), Christian Zurita (Periodismo de Investigación, Ecuador), Alicia Ortegra (El Informe, República Dominicana); y Emilia Delfino (elDiarioAR, Argentina).