Por Sebastián Zurita M para Periodismo de Investigación

Biólogo investigador

En la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2021, la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) firmó un acuerdo de cooperación con la ONG Wildlife Conservation Society para fortalecer iniciativas de conservación y combatir el tráfico de especies. Ambas instituciones se comprometen a trabajar en investigación científica y educación ambiental para desalentar al tráfico de especies entre los civiles. Frente a la realidad actual, dónde esta actividad delictiva perniciosa para los ecosistemas insulares forma bandas similares a las del narco, este acuerdo de cooperación parecería solo un slogan para demostrar que se hace algo contra el tráfico de especies. Según una nota de la revista Scientific American de abril de 2017, este es un negocio millonario, en países como Estados Unidos las tortugas galápagos se venden legalmente como mascotas y llegan a costar de $7 000 hasta $60 000. En contraste los animales nativos de Australia no dejan de pertenecer al estado australiano aunque se encuentren en otros países.

Realmente, Galápagos atraviesa una crisis moral entre sus habitantes, donde muchos estarían lucrando del tráfico de fauna nativa e involucrando a personal de fuerzas armadas, como en la primera historia de este reportaje, y de policía nacional para lograrlo. Así, lo demostraron los acontecimientos sucedidos en la mañana del 28 marzo del 2021, en el aeropuerto de Baltra, en que un policía de la Unidad Nacional Canina intentó enviar a Guayaquil 185 tortugas galápagos neonatas, a través de una encomienda.

A pesar de la pésima redacción del juicio de primera instancia, cuya sentencia y medidas cautelares fueron ratificadas por la Corte del Guayas, este caso de proceso número 20332202100141 se entiende así:

Casi al final de una revisión protocolar de equipajes en el aeropuerto de Baltra, según su declaración en el juicio, el supervisor de operaciones Franklin Sibri Sibri, a través de la máquina de rayos X, vio un bulto color anaranjado intenso al interior de una maleta. Sibri dijo que solicitó a su compañero operador Diego Gamboa la inspección de ese equipaje, que había llegado al aeropuerto como encomienda. Gamboa dijo que, al ver el interior de aquella maleta roja, pensó que se trataba de suvenires de madera y ropa, hasta que vio moverse a las tortuguitas, las cuales estaban envueltas en plástico transparente. Gamboa dijo que comunicó al supervisor de carga Fabián Socola, a los guardaparques Klever Paredes y Tobías Robalino, presentes en el aeropuerto, al personal de Ecogal (Aeropuerto Ecológico de Galápagos) y al personal de la Dirección de Aviación Civil. En el momento de la inspección de las tortugas, Socola pidió que no se las toque, pero los guardaparques exclamaron que los animales se estaban asfixiando y empezaron a sacarlas del plástico sin usar guantes. Realmente no existe un protocolo de parte de Ecogal ni de la DPNG para manejar este tipo de incidentes. Danny Rueda, actual director del PNG, respondió en el juicio a Milton Castillo Maldonado, exdelegado de la Defensoría del Pueblo, que es deber de los guardaparques comunicarse con la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) para proceder ante delitos contra la flora y fauna silvestre. Después llegó personal policial de la PJ, criminalística, inteligencia, la UPMA y policías antinarcóticos a la mesa de inspección del hangar donde estaban las tortugas. Debido a la falta de protocolos, no se pudo identificar huellas dactilares presentes en las envolturas que llevaban las tortugas.

La maleta tenía una etiqueta con los datos: LATAM CARGO; No. Guía 88242; Origen GPS; Destino GYE. Y al exterior e interior de la maleta había un papel y una cartulina que llevaban escrito a mano el nombre CESAR CEVALLOS. Aquella maleta había sido remitida al aeropuerto por la empresa Transgal Bayas y al momento del descubrimiento de las tortugas, Renato Bayas transportista de la empresa se acercó a ver lo que sucedía. Le dijeron a Renato que se necesitaba saber quién era el remitente de la maleta roja y él llamó a su hermano Isaac Jonathan Bayas Vela quién junto a su madre, dueña de la empresa, eran quienes receptaban las encomiendas en la oficina de la empresa en la ciudad de Puerto Ayora. Inmediatamente Isaac viajó en auto al aeropuerto junto a su compañero Sandro Correa. Al llegar al lugar, en la zona de carga del aeropuerto, un policía del ambiente le preguntó a Isaac si reconocía quién dejó esa maleta en la oficina y él reconoció a un agente de antinarcóticos que se encontraba en el lugar y lo señaló diciendo «es mi sub que está ahí».

La investigación de Policía Judicial revisó las cámaras de seguridad aledañas a Transgal Bayas y observaron, en los videos del 28 de marzo, donde se vio que un patrullero de la policía transitó y se estacionó, en horas de la mañana, en las inmediaciones de la empresa. En el local continuo a Transgal Bayas hay una cámara de seguridad que alcanza a apuntar la entrada de la compañía. En el video obtenido de esa cámara se observa al conductor del patrullero que desciende del vehículo, ingresa a la compañía y permanece ahí por unos segundos, después el hombre sale del inmueble, regresa al vehículo y retorna con una maleta idéntica a la que contenía las 185 tortugas bebés. Mediante esos videos se identificó al hombre y se confirmaron los testimonios de Isaac Bayas, Sandro Correa y Zabina Vela, dueña de la compañía, que afirmaron que el cabo segundo de policía Nixon Alejandro Polo Delgado fue quien entregó la maleta a la empresa de transporte. Polo le habría dicho al personal de la empresa que enviaba recuerdos y ropa y, según las palabras de Isaac Bayas y los registros de la encomienda, Nixon Polo, un tanto nervioso, dio el número de cédula y los nombres del remitente, Ronald Saúl Valverde Pozo, y de quién recibía la maleta en Guayaquil, Cesar Heraldo Cevallos Zambrano. Al día siguiente, el 29 de marzo se formularon cargos contra Nixon Polo en audiencia de flagrancia.

La palabra coincidencia queda corta, Ronald Valverde era compañero de Nixon Polo, tenía el mismo rango de cabo segundo de policía del servicio canino antinarcóticos y, al igual que Polo, Valverde también laboraba inspeccionando carga y equipajes en el aeropuerto. Ronald Valverde también estuvo en el aeropuerto cuando se encontraron las tortugas. En su testimonio juramentado, Valverde dijo «llegamos (junto a Nixon Polo) y se nos acerca un trabajador de la seguridad del aeropuerto, ya que había una novedad con la carga». Valverde dijo que al escuchar esto fue a dejar a su perro policía a la oficina, después se dirigió a la mesa de inspección de equipajes, donde ya estaba Nixon Polo observando, se retiró nuevamente, para hacer el parte policial, y cuando retornó criminalística estaba tomando procedimientos. Valverde dijo desconocer por qué constaba su nombre y cédula como remitente en la guía de encomienda de la maleta. Por instrucción fiscal se decomisaron los celulares de los implicados y al revisar el registro de llamadas del teléfono de Valverde, este no registraba llamadas entrantes, salientes ni perdidas, el registro habría sido borrado. Cevallos no pudo ser contactado por la policía. Posteriores investigaciones descubrieron dos números de celular que habrían sido usados por el misterioso Cesar Cevallos, quién recibiría la maleta en Guayaquil a través de la encomienda, sin embargo, no se pidió el reporte de llamadas de la línea celular ligada a su número de cédula. La investigación envió la maleta a Guayaquil, vacía obviamente, pero nadie fue a retirarla del aeropuerto José Joaquín de Olmedo. En el juicio y ante fiscalía, Nixon Polo se acogió al derecho de guardar silencio.

Polo recibió una multa por reparación integral del delito de $138 650 y una sentencia de tres años de prisión, aunque no está ejecutoriada. La próxima audiencia está programada para el 9 de diciembre de 2021, en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y de Tránsito de la Corte Provincial del Guayas. Actualmente cumple prisión preventiva en el Centro de Privación de Libertad Zona 8, en Guayaquil. En el delito existieron agravantes por el maltrato que sufrieron las tortugas al ser embaladas y almacenadas en la maleta. De hecho, cuando fueron encontradas la mayoría de las tortugas presentaba heridas en la cabeza y extremidades y desprendimiento de los escudos del caparazón y uñas a consecuencia de la manipulación. Por el pequeño tamaño y la suavidad de los caparazones, las tortugas tenían pocos meses de haber nacido cuando se las intentó traficar.

Al 30 de junio pasado, 22 tortugas de las 185 habían fallecido por los maltratos sufridos.

Por decisión de la fiscal Lleislayne Chuncho, el juicio se realizó mediante procedimiento directo, que implica una sola audiencia y esto limitó el tiempo de la investigación. Debido a la gravedad del caso, Milton Castillo, exdelegado de la Defensoría del Pueblo en Galápagos, se comunicó con el actual Ministro de Ambiente Gustavo Manrique Miranda quién le remitió al señor Joaquín Peña de quién Castillo no recibió respuesta. La DPNG tomó una postura a la defensiva frente a Castillo a quién calificaron ante el juez como un insolente por advertir la necesidad de descartar la presunta responsabilidad del Parque en el delito. El director del PNG Danny Rueda Córdova solicitó al juez de Santa Cruz Ramón Abad que no se incluya a la Defensoría de Pueblo como acusador particular en el juicio contra Nixon Polo. Aunque la defensa de la naturaleza es también competencia de la Defensoría del Pueblo el juez accedió al pedido de director del Parque. Posterior a su participación por el esclarecimiento del caso y de otros previos como el aparecimiento de una narco avioneta en Isabela, Milton Castillo fue destituido como delegado en Galápagos.

Volviendo a la historia, la pérdida del rastro de Cesar Cevallos y la posible participación de Ronald Valverde en el delito, no son los únicos cabos sueltos en el caso. Al revisar el registro de llamadas del teléfono celular de Nixon Polo, la pesquisa identificó algunos contactos de frecuente correspondencia durante el 28 de marzo y los días previos al delito flagrante. Uno de los contactos es Juan Daquilema Aulla, alias Pokemon, civil residente de Santa Cruz, a quién allanaron su domicilio en un operativo donde no se pudo encontrar indicios. Los otros tres contactos recurrentes son policías, el sargento segundo Luis Flores Chacha, compañero de Polo y Valverde, el policía Alberto Vera Lucas, quién también era contacto de Juan Daquilema, y Franklin De La Cruz Espinosa, ninguno rindió testimonio en el proceso.

Hubo otra línea de investigación omitida. El mismo 28 de marzo, tras el descubrimiento de las tortugas en la maleta y mientras criminalística tomaba información en el hangar del aeropuerto, Juan Piloso, agente de seguridad de Ecogal, revisaba las cámaras de seguridad del aeropuerto y vio otra maleta roja, igual a la que contenía las 185 tortugas. Entonces, junto al guarparque Tobías Robalino solicitaron a la aerolínea LATAM la revisión de la maleta y esta contenía muchos sacos de yute nuevos y gorras con el logo del PNG. La dueña del equipaje era Éricka Arias Valverde, quién trabaja como guía de turismo en Santa Cruz y cuyo padre, Jhonson Arias, tendría una finca al interior de la isla. Ellos tampoco fueron incluidos en el proceso investigativo más allá de ser mencionados en la versión de Piloso y en el testimonio de Robalino. La posibilidad de que los Arias estén involucrados en el delito puede ser menor a las posibilidades de participación de los otros hombres mencionados, pero concurre la hipótesis de la posible existencia de criaderos clandestinos de tortugas gigantes dentro de los ranchos y propiedades privadas, al interior de las islas habitadas, por donde la fauna nativa transita libremente y no existe control público.

Para aproximarse a conocer el lugar o lugares de donde se obtuvo las 185 tortugas, era necesario conocer la especie o especies a las que estas pertenecían. Fiscalía encargó, a un equipo profesional de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG), la realización de una pericia que incluya la identificación a nivel de especie de las tortugas muertas y sobrevivientes, al 9 de abril de 2021, las cuales estaban bajo custodia en el centro de crianza Fausto Llerena de Santa Cruz. Los técnicos de ABG no identificaron las especies, sino que determinaron las islas de supuesta procedencia, comparando una región (secuencia) del ADN mitocondrial con información disponible en la web (GeneBank de NCBI). Según el informe, compararon el ADN de 182 tortugas, 146 tenían parecido genético a tortugas de Santa Cruz y 36 tenían parecido a tortugas de Isabela. La veracidad del informe sería comprobable si ABG publicara las secuencias obtenidas.

Pero entonces, si las tortugas eran de Santa Cruz e Isabela ¿pudieron haber salido de los centros de crianza? Según Christian Sevilla Paredes, encargado del Proceso de Conservación y Restauración de Ecosistemas Insulares (CREI) de la DPNG, en el centro Fausto Llerena hay tortugas Chelonoidis donfaustoi del este de Santa Cruz, especie en peligro de extinción crítico según la UICN (Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza), según un reporte del propio centro también tienen tortugas Chelonoidis becki del volcán Wolf, al norte de Isabela, consideradas como especie vulnerable. Y en el centro Arnaldo Tupiza hay tortugas Chelonoidis vicina, la cual está en peligro de extinción, y Chelonoidis guntheri, en peligro crítico de extinción, ambas del sur de Isabela. En el informe pericial que se presentó a fiscalía junto a los resultados del Laboratorio de Biología Molecular ABG y en su testimonio rendido durante el juicio, la bióloga de ABG Paulina Toscano dijo que el hecho de que las tortugas no estaban marcadas con pintura era «la prueba contundente» de que estas no salieron de los centros de crianza. Al hablar del tema con Paulina Toscano, ella dijo haber conversado con Washington Tapia, quién dirige la iniciativa de restauración de tortugas gigantes de la ONG Galapagos Conservancy, iniciativa que trabaja junto a los guardaparques en los tres centros de crianza y en la cual también se encuentra trabajando Jorge Carrión Tacuri, el exdirector del PNG. Tras escuchar la opinión de Washington Tapia de no «agrandar el asunto», se habría determinado que lo importante no era llegar a nivel de especie sino simplemente determinar que las tortugas eran de las islas Galápagos. Paulina Toscano dijo que simplemente lo que querían era que «el tipo (Nixon Polo) vaya preso» y que «se pague lo que se tenía que pagar» refiriéndose a la reparación integral por el delito.

Aunque la información del manejo de las tortugas en los centros debería ser pública, esta información solo se entrega bajo autorización de la DPNG. Por eso, fiscalía solicitó a los tres centros de crianza de Galápagos que presenten los registros de tortugas y huevos, llevados de agosto de 2020 a marzo de 2021. Al revisar los reportes presentados por cada centro, no había un formato establecido en aquellos registros, todos los reportes eran distintos. El centro Arnaldo Tupiza, que sufrió la pérdida de las 123 tortugas en 2018, y el centro Fausto Llerena de Santa Cruz dieron información del número de tortugas adultas y juveniles presentes. El centro Fausto Llerena reportó el número de nacimientos de tortugas desde 2016 y el número de tortugas nacidas por cada año. El centro Arnaldo Tupiza reportó el número de tortugas presentes por año de nacimiento, pero no reportó el número de tortugas eclosionadas allí. El reporte del centro David Rodríguez de San Cristóbal se limitó a indicar que había 163 tortugas en el centro y que, de agosto de 2020 a marzo pasado, nacieron cinco tortugas. El informe firmado por Olmedo Gil, responsable del centro David Rodríguez, dice que el principal objetivo del Centro no es precisamente conservar y restaurar especies endémicas en peligro de extinción, sino dinamizar la economía del cantón San Cristóbal. Al preguntar a Christian Sevilla, responsable del proceso CREI, si los huevos que son incubados en los centros de crianza provienen del campo, Sevilla dijo que hay tortugas reproductoras en cada centro que ponen los huevos pero que antes los huevos eran obtenidos del campo, pero que actualmente no. Sin embargo, al preguntar lo mismo a Freddy Villalva, responsable del centro de crianza Fausto Llerena, este le contradijo a Sevilla. Villalva dijo que únicamente tenían reproductores para repoblar Floreana con tortugas similares a las extintas de aquella isla, pero que los huevos de las tortugas de la isla Santiago y de Santa Cruz vienen del campo. También dijo que el personal lleva un registro desde que se recolectan los huevos hasta que eclosionan las tortugas. Sin embargo, ningún reporte de los centros de crianza indicó el número de anidaciones colectadas, ni el número de huevos que hubo colectados o puestos por los reproductores. Ahí cabe la gran posibilidad de fuga de huevos y tortugas neonatas. En sus reportes todos los centros dijeron que no tenían faltante de tortugas en sus corrales e instalaciones. 

Aunque los centros dispongan de seguridad pública y privada, tomando en cuenta lo dicho y los casos precedentes, no se puede descartar la posibilidad de que las 185 tortugas hayan salido de los centros o que ni siquiera hayan llegado ahí tras haber sido colectados del campo. Pero ¿quién pudo haber realizado las colectas?

Al hablar con guardaparques sobre el tema del tráfico de especies, la mayoría evitó dar comentarios del tema, muchos se pusieron nerviosos y dijeron que la información solo la entrega la Dirección de Comunicación del PNG. Pero don Marcelo, guardaparque de Santa Cruz, dio un dato revelador sobre la biología las tortugas gigantes, tan solo en Santa Cruz, existen aproximadamente 15 zonas de anidación, donde según él, llegan a desovar hasta 20 tortugas al mismo tiempo. Chelonoidis porteri, especie del oeste de Santa Cruz, desova en promedio 10 huevos por anidación. De tal manera que quiénes delinquen contra la vida silvestre podrían encontrar, de una sola vez, 200 huevos o tortugas recién nacidas por cada zona. Pero ¿quiénes conocen la ubicación de las zonas de anidación? Según el guardaparque los pescadores y los cazadores, de animales introducidos como cerdos, que aún no han sido erradicados. Pero realmente quiénes conocen mejor los sitios de anidación son los propios guardaparques. Marcelo, quien es del campo de la isla Santa Cruz, contó que hace años, cuando aún no trabajaba como guardaparque, él podía pasar sobre un nido de tortugas gigantes sin notarlo y solo con entrenamiento trabajando para el PNG pudo distinguir los nidos en el suelo. En una carta de respuesta al medio digital SosGalapagos, el actual director del PNG dijo que, como acción de control, el personal del proceso CREI realiza controles de nidos en las áreas naturales de anidación y que, a su vez, personal de Control Insular realiza patrullajes semanales por las áreas de reproducción de iguanas marinas, terrestres y tortugas. Incluso el personal de la ONG Galapagos Conservancy monitorea el trabajo de los guardaparques en los sitios de anidación de las tortugas.

Cesar Jumbo, abogado de Nixon Polo y de Paúl Tapia Machuca en el caso de las 123, dijo que Polo solo llevaba un año en Galápagos como policía, que no conoce dónde están las tortugas, que por su trabajo no tenía la facilidad para ir a los nidos de crianza natural y que él solo fue un eslabón más de la banda organizada que recolectó las tortugas para su tráfico ilegal.