El anhelo de una sociedad menos desigual, dónde sin importar el origen o condición de la persona que lo requiera pueda acceder a salud, alimentación y educación, entre otras necesidades a satisfacer, es compartido por una gran parte de latinoamericanos. 

Se trata de una gran mayoría que enfila los diversos matices de pobreza que conforman el escenario regional; desde la pobreza coyuntural hasta la absoluta. Millones de personas experimentan en su día a día, los efectos de la desigualdad en sus propias vidas.

El sueño prometido por Pedro Castillo no basta; su propuesta de llevar a cabo una modificación estructural de su país, siguiendo de forma casi ingenua de una receta que, ya se ha comprobado hasta la saciedad como errónea, solamente tendría final feliz en un cuento infantil o en una novela de ciencia ficción. 

Llegado el 2021, con el amplio espectro de complejidades provenientes de la pandemia y otras crisis derivadas a escala global, no queda duda alguna de que: forzarnos a vivir la ilusión de “mesías salvadores y fantasías doradas para cambiar el mundo”, es un accionar que conlleva un alto costo en vidas humanas.

Tal como ya sucedió en Ecuador, el primer paso dentro de esta empresa consiste en la modificación del texto constitucional para facilitar el intervencionismo estatal. Hace menos de una semana ya se presentó en el Congreso peruano la propuesta de reformas constitucionales, para cambios a nivel económico. 

A continuación: siguiendo con la receta de la nueva izquierda, deberían tener lugar dos pasos más: el aumento de importancia en el rol de la agencia planificadora estatal, y el crecimiento de la burocracia con el fin de contar con suficientes responsables de la implementación de las políticas diseñadas.

Pedro Castillo necesitará de un túnel en el tiempo, pues su oferta central de campaña no tiene cercanía con la realidad.

En primer lugar, conocemos bien cuáles fueron los errores de implementación que hicieron que el modelo no se consolide exitosamente en gobiernos de izquierda de otros países Latinoamérica. Estos problemas no le son ajenos a la realidad peruana, y por ende la decisión de llevarlo a cabo, conscientes del fracaso en otros países sobre la implementación de un modelo de estado peruano postneoliberal constituye un salto al vacío.

Los mencionados errores provienen de dos componentes: económico y gestión. En relación  al económico, el postneoliberalismo requiere una disponibilidad abundante de capital estatal; una condición inexistente en Perú. La pandemia afectó directamente los indicadores de crecimiento económico del país, así como la disponibilidad de recursos del erario, para consolidar su política pública. 

Lo que es aún peor, el momento que vive la economía mundial no corresponde al del boom en los precios de las materias primas, que fue un eje clave para amasar capitales de envergadura en los estados latinoamericanos que engrosaron sus aparatos estatales hace diez años.

El componente de gestión, requiere que en el momento de refundar el Estado, como plantea el proyecto del presidente Castillo, el ejecutivo ejerza su voluntad política manteniendo a los ministros en funciones por los periodos más extensos posibles. En este sentido, el actual equilibrio de poder existente en el Congreso, poco favorece la estabilidad de sus ministros. En los últimos años ni siquiera existen precedentes de estabilidad para el Presidente de la República, hecho que genera serias dudas sobre la capacidad real de implementación de cualquier tipo de proyecto político.

A esto se suma la corrupción: en Perú abundan casos que evidencian el desvío de fondos públicos a los bolsillos de la élite gobernante, al punto de volverse un problema de todos los días. En las últimas elecciones los dos candidatos que corrieron la segunda vuelta mantenían relación directa o indirecta con escándalos de corrupción.

Muy a pesar de la ola de dificultades que experimenta el sueño propuesto por Castillo, es incuestionable su voluntad de implementar un estado postneoliberal. Meta que se persigue con el respaldo incuestionable de los representantes activos de la «nueva izquierda» agonizante pero curtida.

Tres ejemplos, llegar al poder cobijado por Vladimir Cerrón, político identificado como marxista-leninista, condenado por corrupción, e inhabilitado para ejercer cargos públicos. Designar a Guido Bellido como primer ministro, quien más allá de desempeñarse como dirigente en un partido de izquierda radical como Perú Libre, efectúa apologías al terrorismo. Considerar apto para desempeñar el cargo de Canciller a Héctor Béjar, ex miembro del Ejército de Liberación de Ayacucho, quien renunció hace poco, consecuencia de su acusación a la CIA y a la Marina peruana de ser responsable de la formación del grupo terrorista Sendero Luminoso.