El 10 de noviembre de 2016, no fue un día cualquiera. Ese día, desde un micrófono sabatino (enlace presidencial), el entonces presidente Rafael Correa Delgado, anunciaba a todo pulmón haber capturado a los cabecillas de la red de corrupción en la Refinería de Esmeraldas. La noche anterior, en un operativo de la Fiscalía y la Policía, fueron aprehendidos Marco Calvopiña, ex gerente de Petroecuador, Diego Tapia, ex gerente de Refinación y Eduardo Valderrama, contratista de la Refinería.
En los allanamientos efectuados en Quito y Esmeraldas, se incautaron vehículos, documentos y 800 mil dólares en efectivo, escondidos en cajones y cielos rasos. Un video difundido por la Fiscalía generó asombro en la ciudadanía respecto a esta singular forma de proteger el dinero de las coimas. En el caso del detenido Valderrama, la fiscalía lo acusó de entregar sobornos a Diego Tapia, para beneficiarse de contratos, según lo refirió el diario oficialista El Telégrafo.
A decir de Correa, los capturados eran los cabecillas de una red delictiva que operaba en el sector petrolero, en particular en el proyecto de repotenciación de la Refinería de Esmeraldas. Su descabezamiento empezó a raíz de la publicación de una serie de investigaciones de Focus, entre abril y mayo de 2016. Como efecto de esas revelaciones, los primeros imputados fueron: el ex gerente de la estatal petrolera, Alex Bravo, actualmente en prisión y el ex ministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli, quien fugó a Estados Unidos, días antes de que se extendiera la orden de captura.
Según las investigaciones de este portal, la trama de corrupción tenía como fondo un complejo esquema de sobreprecios en los contratos. El referido proyecto de rehabilitación de la refinería inició en 2007 con un monto de $187 millones, pero nueve años después se disparó a $2.200 millones, un incremento colosal solo explicado por el manejo discrecional amparado en un mecanismo de adjudicaciones directas, sin justificación técnica. Informes posteriores de la Contraloría del Estado confirmaron los primeros signos de sobrecostos y peculado.
Socios de Alex Bravo en libertad
¿Cuáles son los tipos de delitos que se cometieron en Petroecuador? Aquí radica el centro del problema de acuerdo con varios criterios jurídicos. Según las fuentes consultadas, el interés del gobierno anterior era presentar un cuadro de corrupción originado desde afuera para liberar de responsabilidad de los funcionarios públicos. Así, las acusaciones se tipificaron con delitos menores como el cohecho, dejando de lado delitos principales, como el peculado o el lavado de activos.
Esta fórmula empezó a surtir los efectos buscados: algunos de los denominados “cabecillas“ empezaron a salir en libertad, al no encontrárseles evidencias de cohecho, peor de peculado. En palabras del Presidente Correa: los funcionarios públicos fueron tentados por corruptos empresarios privados y cayeron en la tentación. Pero, en la práctica, tanto los responsables públicos como privados están siendo beneficiados de un esquema jurídico diseñado para la impunidad.
Varios ejemplos están a la vista. Ya en febrero de 2017 fue sobreseído Javier Baquerizo Zambrano, socio y gerente de Oil Services & Solutions (OSS), contratista de Petroecuador (empresa acusada de pagar sobornos a Alex Bravo), mientras su primo, Jaime Baquerizo Escobar, accionista mayoritario, apresado en Perú, también quedó en libertad, una vez que la Fiscalía de Ecuador “no solicitó su extradición“, según señalara su abogado. El dictamen abstentivo a favor de Baquerizo Zambrano, se presentó días después de que la jueza Karen Matamoros, fijara una fianza de U$ 22 millones, jugosa cifra que solo quedó para endulzar titulares de prensa.
Rafael Correa y la libertad de Valderrama
Cinco meses después de las capturas de Calvopiña, Tapia y Valderrama, mientras las calles del país se calentaban entre reclamos de fraude electoral, el 25 de abril de 2017, en el mayor de los silencios y sin testigos ni flashes de periodistas, el fiscal José Maldonado Ochoa, emitía dictamen abstentivo a favor del detenido Eduardo Valderrama, por “no existir elementos de convicción necesarios para demostrar la culpabilidad y responsabilidad del hecho delictivo“ (cohecho), criterio ratificado por el Juez quien ordenó la libertad. Así, uno de los detenidos y señalado en grupo por Rafael Correa, de ser los “cabecillas” de la red de corrupción petrolera, regresaba a sus negocios, libre de culpa.
Según el informe fiscal acusatorio de noviembre de 2016, Eduardo Valderrama, en su calidad de representante de Promanti “ha suscrito un sinnúmero de contratos con Petroecuador, de quien se presumía que entregaba en efectivo dinero por dichos contratos al ciudadano Diego Tapia (exgerente de Refinación), toda vez que había una amistad y confianza a tal punto que Diego Tapia le informaba a Valderrama Ruíz de los proyectos para contratos“. Desde el 2010 hasta el 2016, Promanti se adjudicó obras por una suma cercana a U$ 40 millones.
La acusación fiscal contra Valderrama se sustentaba además, en un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que acusaba a varios contratistas de Petroecuador de realizar transferencias a tres empresas de Jelice Herrera Ferrín, esposa de Álex Bravo, exgerente de la estatal petrolera, preso por enriquecimiento ilícito.
La UAF reportó pagos de Juan Álvarez Toro, representante del Consorcio World Wide Energy (WWE), a empresas manejadas por la cónyuge de Bravo. El Consorcio WWE está conformado por tres empresas: Legadoil, Vladmau y Promanti, esta última, empresa de Valderrama Ruiz.
¿Cómo se explica este cambio de criterio del fiscal y del juez cinco meses después? Más allá de la existencia o no de “elementos de convicción“, existe un acontecimiento previo que proyecta luces: El 27 de marzo de 2017, Rafael Correa, visitó la provincia de Esmeraldas, en un aparte de su recorrido aprovechó para reunirse con (Marita) la hija de Eduardo Valderrama, según se aprecia en varias fotografías difundidas en redes sociales.
En una de las instantáneas, se aprecia al mandatario acercarle su mano a la mejilla derecha de la joven. Según comentarios aparecidos en Facebook, Correa había obsequiado a la chica un par de aretes, por su cumpleaños número 18.
En la misma red social circuló una esquela con membrete de la Presidencia de la República, de fecha 23 de marzo de 2017, en la cual se lee: “Querida Marita: Algunas veces la vida nos pone pruebas extremadamente duras, y temo que a tu corta edad, estás enfrentando una de ellas. Siento mucho lo que está pasando. Esto está en manos de la justicia, pero nunca he podido ser indiferente, más aún ante el sentido y bello pedido de una joven de 18 años como tú. Así que, déjame ver qué puedo hacer. Dentro de las circunstancias, felicitaciones por tu graduación, y trata de darles fortaleza a tu mami y hermana. Con inmenso cariño“.
En varios mensajes, la joven expresa su anhelo de que el Presidente Correa le pueda ayudar con la liberación de su padre, hecho que sucedió un mes después, cuando el fiscal y el juez de la causa ordenaron su libertad.
Un largo historial
El accionista mayor de la compañía Promanti, Eduardo Valderrama Ruiz, es un ex trabajador del área de calderería y soldadura de la Refinería de Esmeraldas y fue despedido el año 2009, por la Fuerza Naval, cuando esta asumió la administración de la estatal petrolera (2007–2010). Promanti fue constituida el 27 de septiembre del año 2000 en Tachina, Esmeraldas.
En 2013, Valderrama volvió a la Refinería, pero esta vez como representante legal de Promanti, empresa proveedora de bienes y servicios para el sector petrolero, que resume su ética profesional en la frase: “integridad y honestidad: Nada menos es aceptable”.
Según la Superintendencia de Compañías, Promanti se dedica a la “importación, exportación, comercialización, representación, distribución, promoción, suministrar la prestación de servicios, materiales, de mantenimiento reparación de equipos y tecnología de maquinarias industriales…”. En enero de 2013, el entonces gerente de la Unidad de Refinación de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, le adjudicó un contrato para el mantenimiento del sistema y de los equipos estáticos y rotativos de las unidades de Crudo y Vacío 1 de la Refinería de Esmeraldas, por un valor neto de $355.900.
Un año después, en julio de 2014, Carlos Quinde, quien en ese tiempo figuró como superintendente de la Refinería, le adjudicó un contrato por $1.019.711 para “la modificación y transferencia de nafta de alto octano NAO”. El 12 de diciembre de ese mismo año, le otorgó otro para el reemplazo de boquillas de las columnas C-V1 y C-V13 de la misma planta, por U$704.309.
Hasta 2011 esta empresa no declaraba más de $3.500 en impuesto a la salida de divisas, pero en años posteriores los números se elevaron: en 2013 declaró $63.746 y en 2015 $117.986. Lo mismo ocurrió con el Impuesto a la Renta (IR): en 2012 declaró $20.638, en 2013 $176.514 y en 2014 $85.248. Las cifras evidencian que Promanti se suma a la larga lista de empresas que se volvieron rentables a partir de sus contratos con Petroecuador.
Como se ha referido, Eduardo Valderrama, fue funcionario de la Refinería Estatal Esmeraldas, se desempeñó como jefe de calderería y soldadura hasta que, en 2009, fue separado de la petrolera por las Fuerzas Armadas. En ese mismo año la Secretaría Técnica de Transparencia acusó a Valderrama Ruiz y a un grupo de funcionarios y dirigentes sindicales de las Refinerías Esmeraldas y La Libertad de enriquecimiento ilícito y peculado.
El entonces secretario de transparencia, José Serrano, detalló que dentro de la investigación realizada desde 2003 hasta el 2009, se realizaron seguimientos a las transacciones realizadas en las cuentas bancarias de los implicados. La investigación concluyó que desde hace varios años cometían actos de corrupción como incrementos arbitrarios de sueldos, transferencias de altas sumas de dinero en sus cuentas bancarias personales y otras prácticas ilícitas.
En esas investigaciones fueron señalados Eduardo Valderrama Ruiz y cerca de veinte involucrados más.
La Armada del Ecuador, según indicó Miguel Carvajal, entonces ministro de seguridad, también investigó a los acusados.
Documentos obtenidos por Focus señalan que la Fiscalía Provincial de Esmeraldas, entre los años 2008 y 2013, registró, solo en Refinería Esmeraldas, 44 casos de peculado y 10 de enriquecimiento ilícito. El nombre de Eduardo Valderrama Ruiz apareció en 30 de ellos. Imputaciones que fueron corroboradas por los informes DA3–0046–2011, DA3–0010–2007, DA3–0074–2008, DA3–0078–2009 de la Contraloría General del Estado. Los montos por los que Valderrama fue acusado oscilan entre U$3.489 y U$155.926.
De los 30 casos, 27 de las causas fueron desestimadas, una consta como “solicitud de pericia” y las otras dos restantes fueron remitidas a la fiscal provincial, Maricela Acunso. Los valores del perjuicio en los casos donde aparecen el nombre de Valderrama, suman un total de $1.146.081.
El examen especial de Contraloría DA3–0010–2007 que respalda las acusaciones de la fiscalía provincial, fue ejecutado entre los períodos 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, y comprendió un monto total de $47.505.556. Este informe estableció que hubo inconsistencias en compras de materiales realizadas por funcionarios de la Unidad de calderería y soldadura, de la comisión de compras, de la unidad de abastecimientos y del gerente de operaciones. Valderrama Ruiz, funcionario de la Unidad de Calderería y Soldadura, fue parte de estas compras.
En la actualidad, Valderrama es un próspero empresario: es accionista, juntos a sus hermanos Sara y Harry Valderrama Ruiz, de la Zona de apoyo logístico de Esmeraldas Zalsa C.E.M., una sociedad que tiene como objeto social la “importación, exportación, comercialización, representación, distribución, promoción, suministrar la prestación de servicios, materiales, de mantenimiento reparación de equipos y tecnología de maquinarias industriales…”.
Su padre, Eduardo Valderrama Varela y su hermano Harry son accionistas de la tercerizadora Ehavald, una sociedad dedicada a la “prestación de la actividad de intermediación laboral y la de tercerización de servicios complementarios”. Valderrama Varela además es accionista de Tecproga, que se dedica a “actividades relacionadas con el medio ambiente”.
Soserva (Sociedad de Servicios Varios) que en octubre de 2014 obtuvo, a través de giro específico del negocio, un contrato por $1.008.744 para cambios de tramos de tuberías de la unidad No Catalítica de la REE, también está vinculada a Eduardo Valderrama Ruiz.
Los Valderrama atados a Alianza País
La suerte de los Valderrama Ruiz, sin duda tiene un sello partidista, la cercanía con el movimiento oficial Alianza País. Harry Valderrama, hermano del contratista liberado, además de ser socio en varias de las empresas, acupó la gerencia de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) en Esmeraldas.
En la ciudad, es por todos conocido la gran amistad de la familia Valderrama con el vicepresidente Jorge Glas, quien tenía a su cargo hasta mayo de 2017, el manejo de las áreas estratégicas, entre otras el sector de telecomunicaciones. Las muestras de afecto entre Valderrama y Glas se expresan en medios de comunicación y redes sociales.
Las autoridades del anterior y actual gobierno han proclamado una lucha sin cuartel contra la corrupción, caiga quien caiga, han advertido. Este es un buen caso para que el flamante Frente de Transparencia creado por el presidente Lenin Moreno, lo investigue y saque sus propias conclusiones.
