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La mitad de los postulantes a la legislatura han ejercido anteriormente cargos públicos y algunos han incrementado su patrimonio siendo funcionarios. En las elecciones del próximo 9 de febrero, la circunscripción 2 de la provincia de Manabí elegirá a cinco asambleístas de un total de 75 postulantes. De estos, 14 han enfrentado procesos penales, entre los que se cuentan los presuntos delitos de estafa y peculado.
La circunscripción 2 de Manabí comprende siete cantones, incluyendo los dos más poblados de la provincia, la capital, Portoviejo, y el cantón Manta. Se han inscrito doce tiendas políticas y tres alianzas.
El Movimiento PID (lista 4) es la organización política que postula en esta circunscripción la mayor cantidad de aspirantes que han enfrentado procesos penales. Las hermanas Gabriela y Ana Flecher Vélez registran demandas por presuntas usurpación y estafa.
En el caso de Gabriela Flecher. La causa por presunta usurpación se abrió por pedido de una compañía inmobiliaria en el año 2021 y no fue admitida, y el caso por presunta estafa fue producto de la venta de terrenos que, supuestamente, no le pertenecían por más de 34 mil dólares en 2019.
Estos dos procesos están relacionados y en uno de ellos obtuvo una sentencia ratificatoria de inocencia emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Manta. La defensa de Gabriela Flecher declaró que ella “no causó el perjuicio” y que tenía un contrato de corretaje a nombre de una tercera persona.
Mientras que Ana Flecher fue procesada por presunta usurpación debido a una querella de la misma compañía inmobiliaria, pero finalmente, una sala de la Corte Provincial de Justicia la declaró inocente.
Las hermanas Flecher comparten la lista con Amado Cevallos Carranza, quien tiene dos cédulas de identidad. Con una de ellas registra un proceso por presunta falsificación de documentos públicos y, con la otra, una boleta de detención vigente.
Aunque ambos casos, de 2019, aparecen archivados, se buscó la versión de Cevallos desde diciembre pasado, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este artículo.
Por otro lado, Wilver Arteaga Palacios, de la alianza Camino Manabita, registra procesos por supuesto tráfico de influencias en 2020 y presunto peculado en 2023. Camino Manabita, lista 6-62, está integrada por el Partido Social Cristiano (PSC) y el Movimiento Cambio.
En el primer proceso contra Artega, el ahora aspirante fue sobreseído. En el segundo, generado durante su ejercicio como alcalde de Montecristi, la Fiscalía formuló cargos en su contra, pero le levantaron la medida cautelar de presentación periódica ante la autoridad debido al proceso electoral aunque mantiene la prohibición de salida del país. Por su candidatura, el proceso se encuentra suspendido.
Según la Fiscalía, existiría un perjuicio económico al Estado de 687.726 dólares. Esta alianza periodística buscó la versión de Arteaga vía telefónica, pero no respondió al requerimiento.
Carlos Pazmiño Zamora, de Centro Democrático (lista 1), enfrentó un proceso por el presunto delito de paralizar un servicio público, que fue archivado en investigación previa.
Y a Adriana Cañizares Falconí, del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE, lista 17), se le archivó un proceso por supuesto fraude electoral en 2023.
Pocas declaraciones de IR
Un tercio de los 75 candidatos a asambleístas por la circunscripción 2 de Manabí no ha cumplido con el requerimiento de presentar sus declaraciones de impuesto a la renta (IR), durante los últimos siete años (2017-2023).
El partido con mayor número de candidatos que no han presentado estas declaraciones es el movimiento Democracia Sí, lista 20. Cinco de sus postulantes no han cumplido con ese requerimiento. Entre ellos está Leonardo Alcívar Viteri (Democracia Sí), quien además es el único postulante que ha registrado una deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI), por 951 dólares.
Los postulantes que en más ocasiones han incumplido con la obligación de declarar su IR son Mery Zamora García, de Unidad Popular (UP), con cuatro años sin declaraciones y Ana Fletcher Vélez, del PID, también con cuatro.
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
Al igual que en la circunscripción 1 de la provincia, son muy pocos los candidatos que sí presentan declaraciones de impuesto a la renta con valores por encima de los cero dólares durante tres años seguidos. En la circunscripción 2 son diez de un total de 75 aspirantes.
Por otro lado, 16 de los candidatos no registran información en el sistema del SRI. Junto a su nombre el sistema señala: El ciudadano / contribuyente no tiene información registrada en la base de datos del SRI o reportada por terceros.
En esta circunscripción, cinco asambleístas buscan su reelección. Entre ellos, la actual asambleísta nacional Valentina Centeno Arteaga, del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7); Carlos Vera Mora, de Camino Manabita, y Adriana García Mejía (ex Construye), por la alianza Por la Seguridad y el Bienestar de los Manabitas, conformada por Avanza y Machete, lista 8-61.
La Revolución Ciudadana (RC), que conformó alianza con el movimiento Sí Podemos (lista 5-72), postuló a la reelección a Fernando Cedeño Rivadeneira y María Gabriela Molina Menéndez.
Además de los asambleístas que buscan la reelección, hay otros 33 postulantes que han sido funcionarios públicos, en total son 38, prácticamente la mitad, según los registros de la Contraloría General del Estado.
El partido con mayor cantidad de candidatos con experiencia como funcionarios es el Movimiento Creando Oportunidades (CREO), con cinco candidatos. El Partido Unidad Popular (UP) y la RC pusieron en la papeleta a cuatro exfuncionarios.
Entre los funcionarios públicos destacan los exalcaldes de Portoviejo Ervin Gonzalo Valdiviezo Solórzano, por Amigo, y el de Montecristi Wilver Arteaga Palacios, por Camino Manabita. Así como dos exconcejales de Manta que corren por partidos distintos: Víctor Chiriboga Erazo, por Centro Democrático, y Diego Franco Hanze, 12por ADN. También están por CREO, la expresidente del directorio de Autoridad Portuaria, Jessika Guadamud Carreño, y el exprosecretario relator de la Asamblea Nacional, Jhon Becker Argandoña Mejía.
En la lista también consta Jorge Aguilar Granda, por el Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3), exdirector de la cárcel de El Rodeo en el año 2021. En su declaración periódica a la Contraloría, declaró ese mismo año un patrimonio de 1,4 millones de dólares. No ha presentado declaración de fin de gestión.
Otro candidato con un registro de patrimonio alto es Fernando Cedeño Rivadeneira, quien antes de ser asambleísta fue procurador general de la Universidad Técnica de Manabí y miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que llegó a presidir en 2014. En 2017, Cedeño declaró un patrimonio de 753.868 dólares. Sin embargo, en su última declaración periódica presentada en 2024, su patrimonio disminuyó a 120.066 dólares, según los registros de la Contraloría.
El exconcejal de Manta Chiriboga Erazo (Centro Democrático) declaró un patrimonio de 512.447 dólares cuando asumió en mayo de 2023, en tanto que en su última declaración periódica de 2024 registró un patrimonio de 660.426, es decir un incremento de más de 140 mil dólares.
Mientras que Guadamud Carreño (CREO) declaró un patrimonio de 115.012 dólares en 2021 cuando asumió la presidencia de Autoridad Portuaria de Manta y dos años después registró 203.000 dólares.
Al contrario, hay dos aspirantes que han declarado patrimonio negativo siendo funcionarios públicos, es decir que sus deudas superaban a sus activos. Ellos son Marcela Cruz Basurto (ID), que fue directora de Tránsito del cantón Manta y declaró un patrimonio de -164.725 en 2019 y Rafael Alonzo Dumes (UP), que como docente de la Coordinación zonal de Educación registró un patrimonio de -235.792 dólares en su declaración periódica de 2024.