La Ley de Puertos es una deuda que por 15 años mantiene el poder político en Ecuador. Así, al momento existe un limbo jurídico. Además, se registran pérdidas para el fisco por la falta de una normativa clara. Estos dos aspectos hacen que los actores de este mercado, es decir los puertos, jueguen con cancha inclinada. Este modelo favorece  a los privados, en detrimento de los puertos públicos o concesionados.