SAN PABLO DE AMALÍ: UN PUEBLO SIN AGUA

Hidrotambo es una empresa privada que vende energía marginal y costosa al Ecuador a partir de una modificación de su contrato durante el gobierno de R.Correa.

El día 5 de diciembre de 2018 una llamada telefónica desde Carondelet a la Secretaría Nacional del Agua – Senagua, dejaba en claro quién tiene preferencia sobre el acceso al líquido vital: o los 13.750 campesinos productores del Río Dulcepamba, en San Pablo de Amalí (provincia de Bolívar) o la compañía Hidrotambo de propiedad de Xavier Cuesta Vásconez, empresario relacionado con el consejero presidencial Santiago Cuesta Caputti. Para esa fecha, Senagua debía resolver las controversias 2018-014 y 2018-008 formuladas por la comunidad. En un país con grandes hidroeléctricas como Coca Codo Sinclair o Sopladora, la micro central Hidrotambo (8Mw), durante el gobierno de Rafael Correa, cambió el objeto del contrato; desde entonces ya no genera electricidad para su empresa Plasticaucho como fue el modelo original, ahora le vende al Estado una energía marginal y costosa (produce a 7,17 centavos y vende a 10 centavos el kw/h). Esta investigación de La Fuente alerta al país respecto al negocio del agua cuyo control en un 70% está en manos privadas.

SAN PABLO DE AMALÍ: UN PUEBLO SIN AGUA

La obra

En 2005 Hidrotambo S.A. inició la construcción de una central hidroeléctrica para autogeneración de 8MW, en la parroquia San José de Tambo, cantón Chillanes; pese a que el entonces candidato a la presidencia Rafael Correa le aseguró a la comunidad que no levantarían el proyecto si ellos no estaban de acuerdo. “Quiero decirles una última cosa, frente a este problema de Hidrotambo, frente el problema de las concesiones hidráulicas, primero, el agua no se privatizará: el agua es un recurso común, para todos y todas los ecuatorianos y las ecuatorianas, sobre todo los más pobres, los campesinos (…) y con respecto a la represa Hidrotambo, al proyecto Hidrotambo, nuestro principio, compañeros y compañeras, es que los que tienen que aprobar estos proyectos son ustedes, las comunidades afectadas, porque son ustedes los que tienen derechos ancestrales sobre sus tierras, sobre el medioambiente. Si ustedes dicen no a ese proyecto, no se construirá el proyecto”, dijo, en una visita a San Pablo de Amalí, en agosto de 2006.

Dos meses después (octubre de 2006) se silenciaron las proclamas e Hidrotambo contrató al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para que construya la central hidroeléctrica, por un monto de USD $4.3 millones. Pero la concesión original no era de Hidrotambo. Para levantar el proyecto el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, ahora Secretaría del Agua, adjudicó el caudal de agua del río Dulcepamba a la Corporación para la Investigación Energética (CIE). Esa corporación a su vez transfirió, en 2005, los derechos de la concesión a Hidrotambo.

La transferencia de la concesión se realizó en nuevos términos, más favorables para la compañía, que incluían disposiciones para concesionar un mayor caudal que ascendió de 5.4 m³/seg, en la primera concesión, a 6.5 m³/seg (equivalentes a 6.500 litros por segundo) en invierno y 1.96 m³/seg en verano, en el segundo acuerdo. La cantidad de esos recursos hídricos son imposibles de lograr en ese río, captar ese volumen de agua no es posible ni siquiera en la época invernal más extrema.

En septiembre de 2017, la Senagua favoreció aún más a Hidortambo: le concedió 6.5 m³/seg (6.500 litros por segundo) de agua para todo el año. Es decir, se concesionó agua que no hay. Un análisis hidrológico e hidráulico del río Dulcepamba, actualizado en septiembre de 2018, del Centro de Ciencias de Cuencas Hidrográficas de la Universidad de California-Davis de EE. UU., establece que el 83% de los días, de los últimos 10 años, no hubo suficiente agua en el río para abastecer el caudal que se adjudicó a Hidrotambo, ni para el caudal ecológico que la empresa debe dejar en el río.  Si falta el agua, ¿qué pasará con las solicitudes pendientes de resolución de los campesinos por el acceso al agua? ¿Cómo se les garantizará el acceso al agua?

Otro informe técnico, de octubre de 2018, de la Secretaría del Agua, sostiene que hubo una “sobreestimación” de caudales y hubo errores al calcular la disponibilidad de agua (6.5 m³/seg). También señala que se “distorsionó” la disponibilidad real de la cuenca y “considera que no es adecuado recomendar y autorizar un caudal de 6.5 m³/seg de manera permanente o constante”.

Pero en su momento la autoridad estatal del uso del agua nunca justificó la disponibilidad del recurso hídrico y le incrementó el plazo de la concesión al establecer que durará el tiempo de vida económicamente útil del proyecto.

La concesión en hechos concretos redujo el caudal para consumo de las comunidades del sector y quebrantó los artículos 276, 282 y 318 de la Constitución que garantizan a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua y prohíbe su privatización.

La concesión

Yaku Pérez Guartambel y otros defensores de la comunidad dicen que la concesión entregada a Hidrotambo no contó con un estudio técnico para determinar el caudal ecológico, tampoco hubo un estudio hidrológico, sino que se basaron en datos de otras cuencas hidrográficas no similares a Dulcepamba, no hicieron estudios geotécnicos, ni tampoco hicieron estudios hidráulicos que tomen en cuenta riesgo de inundación.

En la concesión de 2003, la Corporación para la Investigación Energética (CIE) señaló que “no conoce usuarios del río La Chima (Dulcepamba)”, vulnerando la Ley de Aguas de 1972, que indica que es un requisito reconocer a otros usuarios conocidos de las aguas que se pretende concesionar. Caminosca fue contratada para realizar los “diseños definitivos del caudal ecológico”, sin embargo, Hidrotambo nunca los entregó a Senagua.

Los daños

San Pablo de Amalí es vulnerable debido a que se encuentra ubicada en el sitio de captación, donde Hidrotambo construyó las obras de conducción, tanque de presión, tubería de presión, casa de máquinas, reservorio y el canal de restitución o descarga de las aguas turbinadas.

La comunidad denunció que la reducción del caudal no satisface sus necesidades de consumo humano y tampoco para realizar las actividades agrícolas que sostiene su subsistencia económica. “Hemos pedido una concesión de agua para riego y nos ha dicho que solamente pueden darnos para una manguera de media pulgada; eso no nos alcanza ni para regar un naranjo”, declaró uno de los comuneros a la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH.

Alrededor de 140 comunidades y sectores rurales dependen de este río y sus afluentes aguas arriba de la hidroeléctrica, para subsistir y producir sus cultivos agrícolas.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en la cuenca del río Dulcepamba viven 13.750 personas, ellos usan esas aguas para subsistir.

La Constitución de Ecuador señala que el agua es un elemento esencial para la vida, por ello prioriza, al momento de su uso y aprovechamiento, el consumo humano y la sustentabilidad de los ecosistemas. En concreto: el agua debe usarse para el consumo humano, luego para la producción de la soberanía alimentaria.

La lucha por el agua de los comuneros es una lucha de resistencia que inició en 2002, cuando nació el proyecto de generación eléctrica San José del Tambo, impulsado por la Corporación para la Investigación Energética (CIE), que luego se asoció con otras tres empresas privadas (Plasticaucho Industrial, Electrogen e Ingehydro SL) para conformar Hidrotambo S.A.

En numerosas ocasiones los campesinos han enviado a la Secretaría del Agua solicitudes de “autorización de uso y aprovechamiento del agua”, como el caso de Manuel Cujilema, que pidió, en septiembre de 2017, se le adjudique agua para regar sus hectáreas de fréjol canario, pasto miel y para el abrevadero de tres vacas, tres terneros y un caballo.

La respuesta de Franklin Pico, gerente de Hidrotambo a la fecha del pedido, fue que su empresa era “beneficiaria” de la concesión del derecho de uso y aprovechamiento de las aguas del río Dulcepamba desde hace varios años atrás, que “las casi ochocientas peticiones similares han sido presentadas con el objeto de boicotear el funcionamiento de la central hidroeléctrica.

Héctor Quinatoa, Fernando Pazos, Jorge García, Nancy Guerrero, todos beneficiarios de la cuenca hidrográfica de Dulcepamba, han pedido se les “adjudique” agua para uso doméstico, abrevaderos y riego.

Quinatoa solicitó 0.018995767 l/seg de agua para el uso doméstico de siete personas, 0.00309606 l/seg para el abrevadero de una vaca, un ternero, un mular, tres chanchos, diez aves (gallos/gallinas/patos), 0.7109 lts/seg de agua para una hectárea de mora y 0.3893 l/seg para media hectárea de tomate de árbol.

García, por su parte, pidió 0.013568405 lts/seg para cinco personas, 0.01591435 l/seg para nueve vacas, dos terneras, dos mulares, seis chanchos, 60 gallinas, tres perros y 0.595486111 l/seg de agua para el riego de una hectárea de mora.

El gerente de Hidrotambo, Franklin Pico, se opuso a estas solicitudes señalando que el proyecto hidroeléctrico Hidrotambo es un “proyecto estratégico para el Estado Ecuatoriano”, por lo tanto “no puede verse afectado con este tipo de maniobras maliciosas”. Las respuestas de Pico a las solicitudes de los campesinos de San Pablo de Amalí contradicen al mandato constitucional, que establece que el acceso al agua para consumo humano es un derecho primordial.

En 2013, la empresa ejecutora del proyector hidroeléctrico, desvió el río unos 200 metros hacia la comunidad desde su cauce natural, a escasos 30 metros de la casa del presidente de la comunidad, Manuel Trujillo y 20 metros de la casa de Laura García.   En septiembre de ese año, Trujillo presentó una acción de protección en contra de Eduardo Speck Andrade, entonces gerente de Hidrotambo, por “desviar el rio Dulcepamba por su casa (…) violentando el derecho a la propiedad privada”. Trujillo pidió la “suspensión inmediata de todos los trabajos que se estén realizando y que al río se le envíe por su cauce normal”. La acción le fue negada.

Dos años después, el 20 de marzo de 2015, el río Dulcepamba se desbordó y destruyó 10 casas, entre ellas la de Manuel Trujillo, él indicó que la causa de la tragedia estaba relacionada con la construcción de la hidroeléctrica. Tres personas fallecieron y más de 10 hectáreas de tierra agrícola fueron inundadas y arrasadas. Trujillo aseguró que, por más lluvias o desbordamientos, el río nunca había afectado su casa.

En septiembre de 2015, el entonces gerente de Hidrotambo, Diego Soria, dijo que durante ese evento el caudal del río llegó a los 400 m³/seg y se prolongó durante 4 días y que una crecida de esta magnitud tiene un periodo de retorno de 33 años.

En agosto de 2017, un grupo de investigadores del Centro de Ciencias de Cuencas Hidrográficas de la Universidad de California concluyó que el 20 de marzo, el río Dulcepamba tuvo un pico, con un flujo diario de 58.67 m³/seg y tuvo una duración inferior a un día, con un periodo de retorno de 6 años.

El informe señala que “fotografías y declaraciones de testigos presenciales sugieren que se produjo un bloqueo completo o casi completo de la instalación de captación de agua de Hidrotambo por la acumulación de sedimentos gruesos y otros escombros durante el evento de marzo de 2015. La construcción de las instalaciones de Hidrotambo comprendió la reubicación del cauce del río más cerca de San Pablo de Amalí”.

Manuel Trujillo, en calidad de presidente de la comunidad, envió, en febrero de 2017, una carta al entonces presidente Rafael Correa, manifestándole todo lo que ocurría con Hidrotambo.  Dos meses después, desde Presidencia le informaron que el entonces ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos, Rafael Poveda analizaría el tema y le daría una respuesta. La respuesta nunca llegó.

El informe técnico de la Secretaría del Agua, indica que el cauce del río fue desviado hacia a la izquierda, “emplazándose las obras de captación sobre el cauce original del río”. El documento explica que para la construcción de este tipo de obras generalmente se concibe el desvío del río para derivar las crecientes que se esperan durante la construcción y añade que la “presa derivadora” o “azud de derivación” “no estaría diseñado para soportar el vertido por encima de su corona o cresta; además no se dispone de ninguna obra de canalización y amortiguamiento para conducir el agua desde el azud hasta aguas abajo (al lecho del rio)”.

Indica que el azud (que parece un muro de encauzamiento) “no dispone de una estructura vertedora lo cual crea un vertido “caótico” ante crecientes que pasen por encima del azud o arrastre del enrocado dispuesto, lo cual podría agravar problemas de erosión, acumulación de material aguas abajo, socavaciones, etc”.

Detalla una serie de irregularidades en las obras de Hidrotambo, por ejemplo, que no existen muros a lo largo del vertimiento del agua en el azud ni obras de disipación; (…) el aliviadero no dispone de cuenco amortiguador, su amortiguamiento es básicamente sobre el lecho del rio (…) la disposición u orientación de la descarga de esta estructura de alivio, se contrapone con el flujo de agua que circularía por el cauce (…) todo ello podría agravar problemas de erosión, socavación, taponamiento del cauce del rio etc., comprometiendo la estabilidad de las propias estructuras y de las laderas del río principalmente, concluye el informe de la Senagua.

“Aún en sus crecidas más grandes, aún en la crecida de El Niño no pasó nada, porque el río no estuvo desviado, el río estuvo lejos de la comunidad, pero cuando Hidrotambo dinamitó toda la llanura aluvial, alrededor del río, la falda de la montaña…, la tierra ya no era estable, y el cauce del río fue desviado a la comunidad, solo estaba a pocos metros de la comunidad y lo hicieron sumamente angosto al río (…) las obras de captación tienen el efecto secundario de mandar los excedentes de agua hacia la comunidad, y el cauce angosto se presta para taponamiento”, dice Rachel Conrad, ambientalista del Proyecto Ambiental Dulcepamba.

El informe técnico de la Senagua indica que Hidrotambo que no dispone de los estudios y análisis hidráulicos que sustentan las obras diseñadas.

Franklin Pico, gerente de Hidrotambo, indicó a Senagua que Arconel (antes Coenelec) “aprobó los Estudios Definitivos y que dichos estudios reposan en los archivos de dicha institución». La secretaría del Agua sugirió realizar una revisión de esos estudios, incluyendo el diseño hidráulico de las obras: Azud de Derivación y Aliviadero”.

La criminalización

Moradores y dirigentes de San Pablo de Amalí han denunciado amenazas, hostigamientos y agresiones por resistirse a ser despojados de sus terrenos y su lucha por el acceso al agua. Entre 2006 y 2008 hubo enfrentamientos entre la población y militares del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

Un informe de la Defensoría del Pueblo registra que varios campesinos resultaron heridos. Otros fueron enjuiciados, acusados de los delitos de rebelión, sabotaje, terrorismo, agresión física, destrucción de bienes”, también se registró la detención temporal de algunos dirigentes. En 2008, la Asamblea Nacional otorgó amnistía a los comuneros.

Un reporte del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA) de la provincia de Bolívar estableció la existencia de graves impactos psico-sociales en niños de la comunidad como consecuencia de la violencia ejercida contra la población. Varias de las denuncias presentadas por los habitantes de San Pablo de Amalí en contra del Cuerpo de Ingenieros del Ejército fueron archivadas.

Contrato modificatorio

En 2012, durante el gobierno de Rafael Correa, se firmó un contrato modificatorio, que cambió el objeto del acuerdo inicial, de autogeneración de energía. Entonces la central hidroeléctrica pasó de generar para sus empresas a venderla al Sistema Nacional Interconectado. Hidrotambo es “propietario absoluto de la energía que produzca la futura central de generación”, según cláusulas de la negociación. Los moradores denuncian que son presionados constantemente para abandonar sus terrenos o venderlos por funcionarios del Conelec y ejecutivos de Hidrotambo.

Otros aseguran que son amenazados con juicios de expropiación a sus predios, “el proyecto va porque va”, les aseguraron. Según analistas consultados, el cambio del objeto del contrato no se justificaba en condiciones en que el país había incursianado en un modelo de construcción de gigantes centrales hidroeléctricas, como Sopladora, Toachi Pilatón, Coca Codo Sinclair, que garantizaban un excedente exportable de energía a bajos costos.

Los 8 Mw de Hidrotambo -que en la práctica nunca ha llegado siquiera a 4 Mw- eran una lágrima comparados con los 1500 megavatios de Coca Codo Sinclair.

En 2016, la central Hidroeléctrica San José de Tambo generó 34.058 MHw, lo que en dólares significó USD 2.4 millones en valores liquidados. En 2017, generó 42.287 MHw, hasta mayo de 2018, había generado un total de 23.312 MHw de energía neta.

El costo promedio del kilovatio hora (kwh) generado por Hidrotambo es de 7,17 centavos, mientras el costo ponderado de generación hidroeléctrica a nivel nacional es de 2 centavos el kilovatio. De acuerdo con información revisada el Estado adquiere energía a micro generadoras a costos que bordean los 10 centavos el kilovatio hora. 

Quiénes son HidrotamboS.A.

La compañía Hidrotambo S.A. fue creada el 12 de septiembre de 2005. Xavier Cuesta Vásconez es su presidente desde 2005. Su actual gerente general es Franklin Pico. Inicialmente fue constituida por las empresas privadas Corporación para la Investigación Energética (CIE), Plasticaucho Industrial S.A, Electrogen S.A e Ingehidro S.L.

Sus accionistas en la actualidad son Bienes Raíces de la Sierra Puntosierra S.A., Corporación para la Investigación Energética (CIE), Magistra Schenk Francesco María (suiza), Plasticaucho Industrial S.A., Textiles Industriales Ambateños S.A. Teimsa, según la Superintendencia de Compañías. Su capital asciende a USD 2.3 millones.

Las empresas Bienes Raíces de la Sierra Puntosierra S.A, Plasticaucho Industrial S.A. y Textiles Industriales Ambateños S.A. Teimsa pertenecen a Xavier Cuesta Vásconez y su familia. Los Cuesta, accionistas mayoritarios de Hidrotambo, son un poderoso grupo económico de Ambato.

En 2015, Luis Cuesta Holguín (primo de Xavier Cuesta y accionista de Plasticaucho) declaró como patrimonio personal USD 25.4 millones de dólares, según datos del Servicio de Rentas Internas.  Cecilia Vásconez Callejas y José Cuesta, también parientes de Xavier Cuesta, poseen fortunas que rondan los USD 25 millones de dólares.

Xavier Cuesta Vásconez también está relacionado con Credimétrica S.A., una empresa que se dedica a la “prestación del servicio de generación de cartera”. Figura en la compañía como miembro suplente del directorio, ese mismo cargo tienen Santiago Cuesta Caputi (consejero del presidente Lenín Moreno), Patricio Sevilla Cobo y Wilson Amador.

Los miembros principales del directorio son José Sevilla Gortaire (pariente de Xavier Cuesta y presidente de la empresa en 2009 y 2014), José Cuesta Vásconez (hermano de Xavier), Santiago Cuesta Vinueza (hijo de Santiago Cuesta Caputi, gerente general en 2005), Santiago Amador Villalba y Carlos Andrade Granja.

Credimétrica es administrada por Arturo Vinueza Urgelles, hermano de Gloria Vinueza, esposa de Santiago Cuesta Caputi, el asesor más influyente del presidente Lenin Moreno.

Según la Superintendencia de Compañías, Arturo Vinueza es accionista mayoritario de la empresa con un capital de USD 2.8 millones.

También figura como vicepresidente comercial Santiago Ortiz, Eduardo Romero, como gerente nacional de crédito, Myriam Maruri, gerente de procesos y sistemas.

La compañía Hidrotambo S.A. fue creada el 12 de septiembre de 2005. Xavier Cuesta Vásconez es su presidente desde 2005. Su actual gerente general es Franklin Pico.

La persona que llamó el 5 de diciembre de 2018 al departamento de Patrocinio Judicial de la Senagua, según nuestra fuente, lo hizo para presionar a favor de Hidrotambo e impedir que se aprueben los reclamos 2018-014 y 2018-008 formulados por productores de la cuenca del Río Dulcepamba.

Las autoridades del sector debían resolver las controversias, pero hasta la fecha no han respondido, pese a que en una reunión del 20 de diciembre de 2018 realizada con Humberto Cholango, Bolívar Beltrán, Mariana Yumbay y Alexander Espinoza, garantizaron una respuesta inmediata y favorable a los campesinos.

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